Bogotá, 25 jun (PL) La aprobada reforma a la justicia en Colombia coloca hoy al país en una encrucijada, luego que el gobierno objetara la norma al tiempo que se adelanta un referendo revocatorio a través de la recolección de firmas.
Ambas opciones o caminos buscan evitar que la polémica iniciativa -calificada de inaceptable- entre en vigencia, pero sus alcances varían en cuanto al futuro del proyecto.
Por una parte, el presidente Juan Manuel Santos anunció anoche que convocaría esta semana a sesiones extras al Congreso para que revise las objeciones hechas por el gobierno a la reforma.
Sin embargo, no queda claro si lo que pretende Santos con esta decisión es eliminar parte del articulado de la reforma, que se introdujeron a última hora, y una vez enmendado y viable constitucionalmente proceder a su promulgación.
Esto solo quedará despejado luego que el jefe de Estado de a conocer oficialmente cuales son las «objeciones», lo cual deberá hacer antes del venidero jueves.
No obstante, la decisión de Santos de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias es discutida y ya genera fuertes polémicas en el país.
Acorde con políticos y analistas la Constitución y el reglamento del Congreso establecen que las reformas constitucionales no se pueden debatir en sesiones de ese tipo ni se pueden modificar o archivar.
Por otra parte, los opositores a la iniciativa considera que la decisión de Santos busca maquillar la reforma, por lo que desde ya adelanta un referendo revocatorio.
Al respecto el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda manifestó que la única salida a la crisis que ha desatado la reforma es que se derogue a través de un referendo revocatorio.
Para Cepeda la reforma «no puede ser maquillada, remendada, ni arreglada a conveniencia de los congresistas».
El parlamentario consideró que si el gobierno y el Congreso insisten en mantener viva la reforma, despojándola de los artículos que generaron el escándalo, el movimiento ciudadano promotor del referendo tomará más fuerza.
A su vez, el senador Luis Carlos Avellaneda, también del Polo, indicó que las únicas dos salidas legales posibles para evitar la vigencia del proyecto es que se tramite una nueva reforma constitucional o el referendo.
Esas opciones son respaldadas por varios legisladores que se opusieron desde un inicio a la iniciativa impulsada por el gobierno, y la cual establece la inmunidad parlamentaria, modificación el régimen de inhabilidades y cambios sustanciales en los procesos judiciales.