Aprobada cuestionada Reforma a la Justicia

La Cámara y el Senado aprobaron la conciliación final de la Reforma a la Justicia, lo cual la convierte en ley de la República.

En el Senado,la votación fue de  60 votos a favor y 16 en contra, mientras que en la Cámara fue 110 votos a favor a 10 en contra.

De esta Reforma, que ha suscitado varias polémicas, se ha denunciado la existencia de tres “micos” que son: se revive la figura de la suspensión a los congresistas, se cambia a quienes nominan a los posibles jueces de los congresistas y se elimina la violación al régimen de inhabilidades para ser electo congresista como causal de pérdida de investidura.

Según explicó el congresista ponente y miembro de la comisión de conciliación, Orlando Velandia, en el primero “El congresista si es investigado por alguna de las causales, el Consejo de Estado puede determinar o bien la suspensión o su pérdida de investidura”.

Las causales serán conflicto de intereses, mal uso de dineros públicos y tráfico de influencias. Además, se determina que se juzgue al congresista por lo que hizo siendo parlamentario y no por sus acciones antes de serlo.

Para el senador Jorge Robledo (Polo Democrático), con la aprobación de esta iniciativa, los problemas de los ciudadanos con la justicia seguirán sin solución. “Se agravará la privatización y se empeorará la calidad de los fallos”.

Por su parte, el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) dejo constancia en la plenaria del Senado sobre la Inconstitucionalidad e inconveniencia para la democracia de la Reforma a la Justicia y la calificó de ” antiética”, por cuanto los congresistas investigados la votaron y además eliminaron el conflicto de intereses.

A su turno la senadora Gilma Jiménez (Partido Verde) anunció que el Partido Verde dejó en libertad a sus congresistas para votar como quieran el proyecto de reforma a la Justicia. Anunció que la Corte Constitucional será la indicada para analizar su viabilidad constitucional y que no debió tocarse en último minuto el tema de las inhabilidades.

El senador Alexander López anunció que el Polo Democrático de manera unánime votó negativamente esta iniciativa por tres razones: los dos billones anunciados por el Gobierno no resuelve el problema de congestión judicial; con la entrega de responsabilidades judiciales a notarios y abogados se estaría privatizando un servicio público como lo es la justicia y porque los elementos o estructura que permite unos beneficios a los congresistas, no es conveniente.

Finalmente el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra agradeció a los senadores por su colaboración en el fortalecimiento de la iniciativa, en favor de un mejor funcionamiento de la Rama Judicial. Entre otras modificaciones se destacan la eliminación de la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura. Los Magistrados tendrán un período de 12 años; y notarios y abogados podrán llevar procesos menores.

El texto conciliado acoge las siguientes disposiciones constitucionales:

Rediseño de la suspensión o pérdida de la investidura

Se introduce, tal y como lo planteó el Consejo de Estado, la doble instancia en la pérdida de la investidura. Se estableció el principio de gradualidad en la sanción, la que puede ser suspensión o pérdida, atendiendo la entidad de la falta y el dolo o culpa en que actúo el investigado. Se eliminó la violación al régimen de inhabilidades para ser electo congresista como causal de pérdida de investidura, atendiendo a que son circunstancias anteriores a su condición de parlamentario y que para ello existe la acción de nulidad electoral.

Ampliación de la oferta judicial

Se faculta a la ley para que, si a bien lo tiene, otorgue facultades jurisdiccionales a empleados judiciales (servidores distintos a los jueces y magistrados), notarios, centros de arbitraje, centros de conciliación y a abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos. La ley deberá determinar qué asuntos, trámites o procesos pueden encargarse a estos nuevos titulares de la función jurisdiccional. De otra parte, la ley podrá disponer que ciertas controversias se resuelvan mediante arbitraje.

Estos nuevos depositarios de la función jurisdiccional, se suman a los hoy existentes, jueces y magistrados, autoridades administrativas y particulares en condición de árbitros, conciliadores y jurados en causas criminales, que siempre han estado habilitados por la Constitución.

Principio acusatorio, separación de la instrucción del juzgamiento y doble instancia para el juzgamiento de aforados constitucionales

Partiendo del modelo propuesto por la propia Corte Suprema de Justicia y acogiendo los dictámenes de la Corte Constitucional, se extiende a todos los aforados constitucionales las garantías de las que gozan los demás ciudadanos, a la separación entre las funciones de investigación y de juzgamiento –pilar del sistema acusatorio mixto en Colombia y garantía de imparcialidad– y de la doble instancia, que son parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

Aumento de los requisitos y período para la elección de Magistrados

Se aumenta de 10 a 20 años el requisito de experiencia para acceder a las altas Cortes, con el fin de que lleguen a ellas los más ilustres juristas del país. Además, se amplía su período de 8 a 12 años para darles mayor estabilidad e independencia en la toma de sus decisiones y consolidar líneas jurisprudenciales.

Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tanto su Sala Administrativa como su Sala Disciplinaria

Se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, en sus dos salas. La Sala Administrativa, cuya estructura de tribunal demostró ser ineficiente para la administración de la Rama, será reemplazada por un Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, compuesta por tres niveles (Sala de Gobierno Judicial, Junta Administrativa y Director Ejecutivo de Administración Judicial) que, con funciones claramente definidas, trazarán la política del sector, y harán la gestión y ejecución de las políticas y programas de la Rama. Así, los propios primeros interesados serán quienes fijen las políticas de la rama judicial con criterio gerencial, similar al proceder de la Junta Directiva del Banco de la República. En el máximo órgano de gobierno y administración de la Rama, tendrán asiento los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, además de un delegado de los magistrados de tribunal, otro delegado de jueces y uno de los empleados judiciales, concretando el viejo anhelo de la democratización en la administración.

También harán parte de ese órgano, con voz pero sin voto, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

Por su lado, la actual Sala Jurisdiccional Disciplinaria fue eliminada. Se crea el Consejo Nacional de Disciplina Judicial integrado por nueve (9) consejeros elegidos por el Congreso de la República de ternas elaboradas por las tres altas Cortes. Para evitar choques de trenes, se elimina expresamente la potestad de este órgano jurisdiccional para conocer tutelas.

Recursos adicionales para el Sector Jurisdiccional por 2 billones de pesos

Se aprobó la destinación de 2 billones de pesos (más de USD 1.150 millones) como presupuesto adicional de inversión en los próximos 6 años. Un aporte de ese monto, no tiene antecedente alguno en la historia del país. Estos recursos serán para tecnologías de la información y las comunicaciones, descongestión judicial, implementación de la oralidad y mejoramiento de la infraestructura. De otra parte, se le garantizó al Sector Jurisdiccional que su presupuesto ordinario, tanto en funcionamiento como en inversión, crecerá, como mínimo al IPC más 2 puntos porcentuales en los próximos 10 años.

El siguiente es el TEXTO CONCILIADO de la Reforma a la Justicia que pasa a sanción presidencial.

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