El exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo manifestó que demostrara en juicio su inocencia en el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad y participación en la campaña de desprestigio en contra de un grupo de personas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En diálogo con BluRadio el exsecretario jurídico manifestó que el escrito de acusación radicado por la Fiscalía General no corresponde a la realidad de los hechos que se presentaron, asegurando que este en un juicio político en contra de los funcionarios del gobierno de Uribe.
“Nada de lo que dice la Fiscalía General en este escrito relación con la realidad”, precisó. En este sentido aseguró que guardó la esperanza que la Fiscalía General no radicara el escrito de acusación puesto que no existen pruebas que lo vinculen directamente con estos hechos.
Aseguró que siempre ha atendido los llamados de la justicia, recordando que hace tres años la Fiscalía General archivó esta investigación. Igualmente citó que la Procuraduría General emitió fallo absolutorio en el proceso disciplinario a su favor.
Según la investigación, el exfuncionario participó en la reunión celebrada el 23 de abril de 2008 en la Casa del Nariño. En la misma estuvieron presentes el comandante paramilitar alias ‘Job’, la subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal Llanos, el abogado Diego Álvarez Betancourt -quien defendía a ‘Don Berna’- así como el secretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez.
En dicha reunión se planeó una campaña de desprestigio en contra del magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez -quien en ese momento investigaba a Mario Uribe Escobar por el escándalo de la ‘parapolítica’- y la excongresista Yidis Medina, clave en el proceso por el pago de dádivas avalar el proyecto que buscaba crear la figura de la reelección presidencial inmediata.
Fue llamado a juicio “por requerir el recaudo de información relacionada con el máximo tribunal de la justicia ordinaria y la citada exparlamentaria (Yidis Medina) sin motivo legítimo, participar directamente en su recolección, recibir documentos o datos recopilados e intervenir en la entrega para ser publicados a través de medios de comunicación, con el propósito de desacreditar ante la opinión pública a las autoridades judiciales y a la exparlamentaria citada”.