Procuraduría pide nulidad de sentencia contra los Nule al considerarla muy baja

BOGOTÁ, 14 de Junio_ RAM_....  La Procuraduría General de la Nación solicitó ante el juez 38 Penal del Circuito de Bogotá que decrete la nulidad de la sentencia en contra del grupo Nule, del pasado 15 de diciembre de 2011, al considerar que la sanción judicial impuesta no es suficiem¿te ante la gravedad de las imputaciones.

Tras el fallo que sentenció a Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino y Mauricio Galofre Amin, a penas principales de 90 meses de prisión, los 3 primeros, y 72, el último, la Procuraduría consideró que se desconoció el marco de la imputación en cuanto a las circunstancias de mayor punibilidad consagradas en el artículo 58 numeral 9º y 10º del Código Penal. Los procesados se allanaron a los cargos de peculado por apropiación en concurso homogéneo sucesivo.

Dentro de los planteamientos jurídicos esbozados por el Ministerio Público, que buscan que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decrete principalmente la anulación del fallo de primer grado, se asegura que se vulneraron garantías procesales. De manera subsidiaria, el ente de control solicitó que se incremente el quantum punitivo, es decir, las circunstancias relacionadas y la mayor punibilidad existentes en este caso, que no fueron tenidas en cuenta por el funcionario de instancia.

En el análisis que hace de la sentencia la Procuraduría, se pone de presente la ilegalidad del fallo al haberse aprobado el allanamiento a cargos que beneficiaban a los señores Nule y Galofre, sin que estos hubieran reintegrado el valor de lo apropiado y con lo cual fueron condenados a una pena que no corresponde a una sanción digna y proporcional al daño causado.

Igualmente, se solicita al Tribunal Superior que al resolver el recurso se proceda a restablecer el fallo en el sentido de incrementar la sanción atendiendo dichas circunstancias de mayor punibilidad imputadas por la Fiscalía General de la Nación, dentro de las que están el haber actuado en la actividad ilícita en coparticipación criminal y aprovechando la posición distinguida que los sentenciados ocupaban en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder u oficio como empresarios de la construcción que los hiciera merecedores de ser beneficiarios para adjudicarles varios contratos.

Con la anterior petición, la PGN busca el restablecimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y la defensa de las garantías fundamentales dentro de la actuación, expresando su inconformidad frente a una decisión judicial que no corresponde a la función de la pena y de lucha jurídica contra la criminalidad de cuello blanco que afecta los intereses del Estado y de la ciudadanía.

 

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