La Contraloría General informó que adquirió una nueva sede por 308.000 millones de pesos y que será de su propiedad totalmente en el 2018. El organismo de control suscribió un contrato de promesa de compraventa para el funcionamiento de su nueva sede en Bogotá, en el que se destinarán dineros de vigencias futuras.
Con esta compra, dice el organismo, habrá un ahorro cercano a los 12.000 millones de pesos con respecto a los recursos que el Ministerio de Hacienda había entregado para esta compra.
Además, afirmó, habrá un ahorro del 50 por ciento sobre los recursos de vigencias futuras que se le habían asignado para pagar arrendamiento, dinero por 121.000 millones de pesos, de los que la Contraloría usará 61.000 millones.
A partir del próximo mes de enero, en el Edificio Paralelo 26, ubicado en la carrera 69 con calle 44, funcionarán dos dependencias de la Contraloría, una oficina de atención al ciudadano y otra para correspondencia. En julio del próximo año todas las dependencias funcionarán en este edificio.
Según la Contraloría, este edificio tiene una extensión de 56.000 metros cuadrados, 3 sótanos, 17 pisos, 665 parqueaderos y puede albergar a más de 2.000 funcionarios a nivel central.
En 2016, la Contraloría girará inicialmente $ 75.000 millones para la compra de una parte de estas oficinas y hará uso del resto en calidad de arrendamiento.
Para el 2017 la inversión ascenderá a $122.500 millones y en el 2018 a $111.000 millones.
Al comenzar este año, los funcionarios de la Contraloría fueron distribuidos en cinco sedes que estaban bajo arrendamiento, después de que el contralor General, Edgardo Maya, se negó a renovar el contrato de arrendamiento que se mantenía con los dueños del edificio Gran Estación II, sede que había arrendado la excontralora Sandra Morelli.
Por ese contrato, Sandra Morelli está siendo investigada por la Fiscalía, quien le imputó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
La Contraloría asegura que la disgregación de sus funcionarios «ha producido que trabajen en condiciones de hacinamiento, que no sea posible realizar adecuaciones físicas requeridas a las sedes en arriendo y que áreas neurálgicas como juicios fiscales no trabajen con las mejores condiciones de seguridad y protección de documentos como procesos y expedientes».
Aseguró que tampoco ha podido ser funcional la operación del Centro de Atención al Ciudadano (CAIC), ni se ha podido optimizar el normal funcionamiento de las salas de audiencias, salas de declaraciones, salas de videoconferencias, salas de consulta, salas de juntas y archivo integrado, entre otras.