Un juez de la Audiencia Nacional Española dejó en libertad a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, apodado ‘El enfermero’ de las Farc, quien es señalado de haber practicado más de 150 abortos a guerrilleras.
La justicia española tomó esta decisión, al considerar que los delitos que le imputan al detenido podrían haber prescrito. Sin embargo, le dan un plazo de 40 días al Gobierno colombiano para que realice la solicitud formal de extradición.
El juez lo dejó en libertad con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado y de designar domicilio y teléfono, y acordó también la retirada del pasaporte al detenido, que cuenta con doble nacionalidad colombiana y española.
Las autoridades españolas confirmaron que el señalado ‘Enfermero’ de las Farc presenta una enfermedad degenerativa por lo que estará en libertad mientras las autoridades colombianas adelantan los trámites necesarios para su extradición.
Sobre Arboleda, de 40 años, pesaba una circular de la Interpol por los delitos de «tortura agravada, aborto sin consentimiento y concierto para delinquir», lo que llevó a su detención la pasada semana.
Según la justicia colombiana, las víctimas de Arboleda Buitrago, entre las que había más de cincuenta menores de edad, fueron obligadas a abortar hasta con siete y ocho meses de embarazo.
Las mujeres habían sufrido violaciones por parte de miembros de la organización y podían ser fusiladas si se negaban a someterse a la intervención, según señalaron fuentes oficiales.
La investigación comenzó cuando las autoridades colombianas comunicaron la posible presencia en Madrid de un excombatiente de las Farc, conocido como ‘El enfermero’, que se habría asentado en España huyendo de la justicia colombiana.
De acuerdo con la información aportada por la Policía de Colombia, este hombre era responsable de la ejecución de más de 500 abortos forzados a las guerrilleras, entre ellas cincuenta niñas indígenas de la comunidad zabaleta del Chocó, que fueron reclutadas de manera forzosa y obligadas a mantener relaciones sexuales con los guerrilleros.
La mayor parte de las intervenciones se llevaron a cabo entre los años 1998 y 2000, a raíz de una Directiva del Estado Mayor de las Farc en la que se decretaba que se podía castigar con el fusilamiento a las guerrilleras que se negaran a que les practicaran interrupciones del embarazo.
El operativo se llevó a cabo por agentes de la Policía española especializados en crimen organizado latinoamericano en coordinación con la Policía de Colombia.