Farc pide reducción y cambio de funciones de Fuerzas Militares

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La redefinición de la política de seguridad nacional, junto con la reducción del tamaño y estructura de las fuerzas militares y de policía para convertirlas “en fuerzas para la construcción de la paz”, son las nuevas demandas formuladas por la guerrilla de las Farc como condición para firmar el acuerdo final de paz y transformarse en movimiento político. Además, afirman que estos cambios debe concertarlos el gobierno con el grupo guerrillero.

Las exigencias están incluidas en un nuevo escrito, sobre las “Diez propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera”, publicado por los cabecillas del equipo negociador de las Farc en La Habana, y corrsponden a “las cinco primeras iniciativas de 12, correspondientes a la sexta propuesta referida a la Redefinición de la política de seguridad del Estado”.

Según afirman, “dadas las nuevas condiciones que para la regulación del conflicto social y de clase generará la perspectiva de un Acuerdo final, será necesaria una reorientación de la política de seguridad del Estado con el propósito principal de contribuir a generar garantías de no repetición, propiciar la reconciliación nacional y aportar en la construcción de la paz estable y duradera”.

Añaden que “en lo concerniente a la regulación del conflicto político, social y económico, en esas nuevas condiciones, la política de seguridad deberá desproveerse de todo tratamiento militar, represivo o de orden público y de estrategias de militarización de la vida social” y que “en su lugar, deberá privilegiarse la erradicación de las causas que originan y hacen persistir tal conflictividad, así como su resolución pacífica y dialogada o autorregulada democráticamente”.

Subrayan que la normalización integral de la vida nacional y la transformación de las Farc en organización legal, tendrá como condición un proceso de redefinición concertada de la política de seguridad del Estado orientada a privilegiar y establecer un concepto de seguridad humana integral, que de protección y garantías a la población en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como en el reconocimiento y materialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Según el escrito, la nueva doctrina y política de seguridad humana integral surgida del Acuerdo final deberá conducir “a la reconversión de las fuerzas militares y de policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, lo cual incluye aspectos relacionados con su tamaño y estructura, con la propia asignación de gasto público, así como con la superación de la doctrina de “seguridad nacional” y de cualquier práctica de terrorismo de Estado”.

También exigen “redefinir la política criminal del Estado” y “medidas excepcionales y extraordinarias para el desmonte de estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente las paramilitares”, que consideran “una amenaza para la implementación de los acuerdos pactados, la no repetición y la reconciliación nacional”.

“El desmonte corresponderá a un proceso concertado con las Farc”, concluyen.

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