El ambicioso proyecto de la Fiscalía de tener su propia universidad terminará convertido en un centro de estudios técnicos.
Así lo dio a conocer la Fiscalía luego de los duros choques entre el fiscal Eduardo Montealegre y el rector de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), que terminaron por develar la crisis dentro del centro educativo. Este apenas alberga a 39 estudiantes que están a unos días de terminar el primer semestre.
Por un lado, el ente investigador argumentó falta de idoneidad de los funcionarios, un posible sobrecosto en la inversión por estudiante y plagio en investigaciones. Mientras que el rector, el abogado César Augusto Solanilla, señaló que los líos empezaron a ser evidentes en marzo pasado, cuando se negó a aceptar las hojas de vida que supuestamente Montealegre envió. “Después de esa reunión, el señor Fiscal no me volvió a hablar y tampoco volvió a asistir a los consejos directivos”, dijo este jueves Solanilla.
Desde Aquimindia, la antigua escuela del DAS donde hoy funciona la universidad, Solanilla se quejó de la falta de apoyo de la Fiscalía para intentar superar la crisis originada por la decisión del Congreso de no aprobar recursos para el funcionamiento de la CIJ en el 2016.
Calificó como poco serio que la Fiscalía haga cálculos sobre que cada estudiante le costaría al Estado 700 millones de pesos anuales, cuando, argumenta, la universidad apenas está iniciando y necesita de una inversión importante para despegar.
En un comunicado de 19 puntos, la Fiscalía indicó que no era razonable que existieran 80 funcionarios para atender a 39 estudiantes matriculados. Una cifra menor frente a los 15.000 cupos que inicialmente se proyectaron.
Además, anunció que imputaría cargos a un ingeniero vinculado al centro educativo por el delito de plagio detectado tras una inspección ordenada por una fiscal y a la que, dice la Fiscalía, Solanilla intentó oponerse. “Investigadores han podido comprobar que en más de 29 páginas del documento presentado ante las directivas de la CIJ existen presuntamente copias textuales y burdas de investigaciones realizadas por otros centros educativos, especialmente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab)”, se lee en el comunicado.
Solanilla reconoció que la Fiscalía realizó unos allanamientos para recolectar información y que se negó al procedimiento solo al exigir que esas diligencias fueran realizadas con una orden judicial.
Piden intervención
El rector de la universidad ya fue citado a interrogatorio para que explique sus actuaciones, pero se negó a asistir al considerar que no tenía garantías. “Yo le dije a la Fiscalía que si tenía algún hecho contra mí, que formulara los cargos ante el juez”, dijo Solanilla.
En medio del rifirrafe, desde la universidad solicitaron al Ministerio de Educación intervenir el centro educativo para garantizar los derechos de los estudiantes.
“Con la intervención, el Ministerio podría tomar control del Consejo Directivo, que hoy preside el fiscal Montealegre”, dijo el rector Solanilla.
Juan Poveda, uno de los estudiantes de la universidad, manifestó que hasta ahora nadie ha dado una explicación sobre la situación real del centro educativo.
“Estamos muy preocupados y defraudados, hemos hecho muchos sacrificios para poder estudiar y a estas alturas no sabemos si vamos a poder seguir”, sostuvo Poveda.
Este año ya se han ejecutado 9.700 millones de pesos del presupuesto asignado, de los cuales más de 800 se destinaron para gastos personales y más de 1.200 millones en gastos generales.
Además, 5.000 millones de pesos se usaron para mejorar las sedes de la universidad, que por exigencia de la Fiscalía serán destinadas al servicio del ente acusador.