Marco Legal para la Paz: ¿impunidad o realismo político?

Por: Oscar Montes

Confieso que desde la época de la zona de distensión, durante los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana con las Farc, no veía,ni escuchaba, tanta inconformidad y hasta malestar por parte de miembros de las Fuerzas Militares, entre ellos oficiales y altos oficiales, activos y retirados.

El tema puntual tiene que ver con el llamado Marco Legal para la Paz, iniciativa que impulsa el Gobierno en el Congreso y que tiene como su más ferviente promotor al senador Roy Leonardo Barreras, quien se ha encargado de divulgar profusamente las bondades del proyecto, aunque ha sabido guardarse sus lunares. La inconformidad y el malestar de los militares se relacionan con el hecho de que se da por descontado que el Marco Legal para la Paz es la puerta de entrada que tienen los grupos guerrilleros para reinsertarse a la vida civil, sin tener que pagar por sus actos criminales, inclusive aquellos que tienen que ver con delitos de Lesa Humanidad. En otras palabras, que el Marco Legal para la Paz permitirá que todas las acciones realizadas por las Farc y el ELN quedarán sin castigo.

De hecho opositores al proyecto, entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe, acuñaron el término de “Marco Legal para la Impunidad”, para referirse a la iniciativa que esta semana quedará aprobada por el Congreso. Pese a la férrea oposición del uribismo, el Gobierno confía en sacar adelante el proyecto y el Presidente Santos considera que esa herramienta le permitirá lograr la paz “por las buenas”, que parece haberse convertido en su nueva obsesión.

Santos, el Presidente de la paz
El diálogo con los grupos guerrilleros nunca fue una oferta de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Todo lo contrario: al ser el candidato de la médula uribista, sus electores asumieron siempre que, al igual que Uribe, Santos también llegaría a la Casa de Nariño dispuesto a aplicar la mano dura y el pulso firme contra los grupos subversivos, como de hecho lo hizo durante su paso por el Ministerio de Defensa. Pero Santos, una vez en el gobierno, cambió el libreto y ahora se muestra más amigo de la negociación que de la confrontación, aunque sostenga en público que a la paz también puede llegar “por las malas”, esto es por medio de las balas, como afirmó recientemente. El hecho concreto es que Santos quiere ser recordado como el Presidente de la paz, así ello le cueste más odio de Uribe y de sus amigos.

Inconformismo y mucho malestar en las tropas
Las Fuerzas Militares del país han dado muestras en varias oportunidades de su lealtad al Gobierno y a las decisiones políticas que se adopten desde el Ejecutivo, entre ellas una negociación de paz con los grupos guerrilleros. El caso más reciente es la experiencia del Caguán, cuando el gobierno de Andrés Pastrana negoció con las Farc, pese a que un sector del Ejército se mostró en desacuerdo con esa decisión, que obedeció, ciertamente, al cumplimiento del llamado Mandato Ciudadano por la Paz, iniciativa que contó con cerca de 9 millones de votos y que sirvió de referente para dicha negociación. En su momento el ruido de sables le costó el puesto al ministro de Defensa Rodrigo Lloreda y a varios generales, quienes optaron por pedir la baja antes que respaldar los diálogos. Ahora lo que sucede es que en los cuarteles ha hecho carrera la versión de que el Marco Legal para la Paz es el “premio” que recibirán los guerrilleros por parte del gobierno Santos y ello tiene crispados los ánimos de un sector de los uniformados que, por ahora, prefieren rumiar su malestar en silencio. No obstante, es bueno que el Gobierno no subestime el estado de ánimo de las tropas y escuche sus realistas inquietudes.

Vocería política y suspensión de la pena a guerrilleros
Quienes se oponen al Marco Legal para la Paz sostienen que ofrecerles vocería política y suspensión de la pena, aun a quienes hayan cometido delitos atroces por parte de los grupos guerrilleros, es un premio a las organizaciones armadas ilegales que por años han atacado al Estado y que se han valido de acciones terroristas no sólo contra las Fuerzas Militares sino también contra la población civil. De ahí que Uribe haya dicho, por ejemplo, que quienes atentaron contra Fernando Londoño podrían llegar en un futuro al Congreso de la República. Por su parte, quienes promueven la iniciativa sostienen que toda negociación tiene un costo político y que en todas es necesario “tragarse sapos”, como los que nos tragamos cuando el gobierno de Uribe negoció con los ‘paras’.

¡Increíble!,Uribe y Vivanco en la misma orilla
El Marco Legal para la Paz logró lo que parecía imposible: poner en la misma orilla a José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch; y al expresidente Uribe, quienes, por distintas razones, terminaron oponiéndose a la iniciativa. Ese hecho, puede ser bueno o malo, depende desde que óptica se quiera mirar el vaso. El Gobierno prefiere verlo medio lleno y por ello buscó los acercamientos a Vivanco con el fin de que sus observaciones fueran tenidas en cuenta por el ponente Roy Barreras. Pero mientras se acercó a Vivanco, se alejó de Uribe, hasta el punto de que dejó solo al senador Juan Carlos Vélez, quien terminó aislado de la bancada de la Unidad Nacional y casi que señalado de ser el “gran enemigo de la salida negociada al conflicto”. De hecho, hasta el Polo Democrático Alternativo terminó respaldando el proyecto. Algunos parlamentarios, entre ellos varios conservadores con los que hablé, optaron por “tragarse el sapo de cierta dosis de impunidad” si ello se traduce en una negociación seria con las guerrillas. En la empresa del Marco Legal para la Paz está, pues, el Gobierno en pleno que le apuesta a sentar las bases sobre la cual se construirá el “edificio de la paz”, como lo definió el ministro Juan Carlos Esguerra, quien considera que debe haber mecanismos de justicia transicional que logren verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición.

Análisis
Óscar Montes – El Heraldo
La Ley del ‘Montes’
@leydelmontes

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