Los menores reclutados por las Farc no deben ser juzgados penalmente. Así lo expuso Susana Rodríguez, abogada de la Universidad Nacional de Colombia y delegada para los Derechos de las mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, en el primer encuentro ‘Mujeres Jóvenes a ritmo de Hip–Hop por la Paz’, organizado por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, y la Fundación Familia Ayara, que hace trabajo comunitario en sectores vulnerables de Bogotá.
La abogada Rodríguez expresó que los derechos de los niños no se respetan en muchos frentes y ya es tiempo de que las cosas comiencen a cambiar.
Su propuesta está incluida en un informe que la Defensoría del Pueblo llamó “Justicia transicional: voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la paz en Colombia”, que recomienda garantizar mínimos humanitarios cuando ellos sean desvinculados del conflicto, teniendo en cuenta los impactos emocionales y la vulneración de sus derechos.
El planteamiento de que no sean eventualmente juzgados tiene como respaldo el Artículo 26 del Estatuto de Roma; no obstante, la Corte Constitucional ha manifestado que las personas menores de edad son consideradas víctimas del conflicto armado, pero “dicha condición no los exime per se de toda responsabilidad penal”.
Sin embargo, no debe perderse de vista, dice la Defensoría del Pueblo, que los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito deben recibir de manera prioritaria la atención y el tratamiento que como víctimas del conflicto armado les confieren normas internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño y el Código de Infancia y Adolescencia y, por lo tanto, ser sujetos de reparación integral por estos hechos.
La especialista también expresó que a todo esto hay que sumar un acompañamiento psicosocial y emocional: “debemos lograr su reinserción a la sociedad y alejar definitivamente de ellos la posibilidad de que sean nuevamente reclutados o presionados por otros grupos armados”, agregó.
Además, consideró que las voces de los menores de edad, miembros actuales de la sociedad civil, deben ser escuchadas en el proceso de paz que se adelanta en La Habana y durante el posacuerdo, para resarcir de alguna manera lo que han sufrido por prácticas que han vulnerado sus derechos, como: maltrato, violaciones, torturas, accidentes por minas antipersonales, desplazamiento, secuestro o desapariciones.
“Al ser escuchados, harán parte de un proceso de construcción de paz estable y duradero, comprenderán la dimensión del conflicto armado en su conjunto y de las violaciones de las cuales han sido víctimas, así como la responsabilidad que convoca a todos los sectores públicos y privados, incluyéndolos en la construcción de un país hacia la paz”, agrega la propuesta.
“La paz no puede construirse únicamente con voces adultas. Esto favorece la democracia y garantiza los procesos de no repetición, que serán definitivos para que sea duradera”, argumentó la defensora Rodríguez.