Consejo de Estado dejó en firme condena contra la Nación por ejecución extrajudicial

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La Sección tercera del Consejo de Estado dejó en firme la condena contra la Nación por la muerte de un joven de 25 años por parte de dos agentes de la Policía Nacional en un improvisado operativo adelantado en la vía verdal que conduce del corregimiento de La Culebra al municipio de Catorra en el departamento de Córdoba el primero de febrero de 2003.

El alto tribunal consideró que no se allegaron al proceso pruebas documentales o testimoniales que permitieran sustentar el dicho de los uniformados y de las partes demandadas frente a los hechos que rodearon la muerte del joven que trabajaba como cobrador para una empresa municipal.

Al resolver un recurso de apelación presentado por la Policía Nacional el Consejo de Estado señaló que los informes de necropsia y las pruebas recolectadas en la investigación por parte de la Fiscalía General se determinó que no existen elementos para verificar la versión de los dos agentes quienes manifestaron que se presentó un cruce de disparos y que actuaron en defensa propia.

En la sentencian se señala que los agentes implicados en los hechos aseguraron que recibieron una llamada de un ciudadano anónimo quien les informó que unos sujetos se encontraban limpiando unas armas, hecho por el cual procedieron a ir al lugar referido para ser el allanamiento y verificación de los datos. Sin embargo antes de llegar se encontraron a dos sujetos en una motocicleta que correspondían a las características dadas por el informante.

Pero al ver a los policías aceleraron; narraron que después se unió otro motociclista pero los agentes los perdieron hasta cuando regresaron al casco urbano y allá se encontraron nuevamente al sujeto que iba solo, de frente, le hicieron la señal de pare pero él aceleró su motocicleta hacia ellos y disparó una vez con un revólver, ante lo cual los agentes respondieron disparando con su arma de dotación tres veces, provocándole la muerte inmediata.

“El médico que practicó la necropsia sostuvo que era imposible que la víctima hubiera estado de frente a quienes le propinaron los disparos toda vez que los orificios de entrada se encontraban en la espalada, aseguró que no pudo haber estado manejando de frente a los policías puesto que los tiros vinieron de atrás. Además el médico que aclaró la necropsia aseguró que no pudo haber intermedio de disparos, sino que se trataba de un homicidio”, precisa el fallo.

El alto tribunal hizo referencia al hecho que no existen pruebas que la víctima hubiera disparado en contra de los uniformados o accionado su arma, de la cual, se resalta, contaba con un salvo conducto. Además se consideró que no existen pruebas que permitan vincular a la víctima con un grupo armado ilegal, haciendo énfasis en el hecho que en el primer momento se aseguró que hacía parte de las AUC.

“Toda vez que las pruebas que obran en el proceso no permiten establecer, de manera alguna, que el hoy occiso en realidad hubiese tratado de agredir a través de su arma de fuego a los agentes policiales, ni tampoco está claro, como se expuso, las circunstancias en las cuales fue ultimado, si hubo o no intercambio de disparos”, señala la decisión.

En el debate jurídico la Sala se alejó completamente de las conclusiones a las que llegó la Justicia Penal Militar quien consideró que la reacción de los dos agentes estaba justificada puesto que se hizo en un operativo y en el marco de su legítima defensa al ver que su integridad personal estaba en riesgo.

Debido a esto se le ordenó al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional al pago de una indemnización por los perjuicios morales y materiales de los padres, hermanos, esposa y el hijo menor de edad de la víctima. En este caso se determinó que se debe indemnizar el daño a la vida en relación.

Esto debido a que el menor de edad tenía cinco meses de nacido cuando falleció su padre. “La Sala considera que el perjuicio reconocido en primera instancia se adecúa a las circunstancias de hecho que rodean el caso, en concordancia con la sentencia en mención, puesto que el menor demandante creció y prácticame4nte nació sin la presencia de su padre, lo que alteró sus condiciones de existencia”.

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