El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia de la Haya ratificó la soberanía colombiana sobre un grupo de islas del archipiélago de San Andrés y cayos adyacentes, pero le concedió a Nicaragua una amplia zona en el mar Caribe, antes bajo dominio de Bogotá.
Han pasado tres años y desde entonces Managua ha solicitado a la Corte que falle y declare “el rumbo exacto” de su plataforma continental en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas, ya que según ellos la Corte no se pronunció sobre este tema en la sentencia emitida en 2012.
Colombia insistió el pasado mes de octubre en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es competente para recibir la demanda promovida por Managua sobre las fronteras marítimas del Caribe y pidió al tribunal que ponga fin al “apetito insaciable de Nicaragua”. (Lea también: San Andrés, tres años después del fallo de La Haya)
“Nicaragua pretende afirmar que tiene derecho a una plataforma continental que se extiende prácticamente por todo el Mar Caribe, que afecta a Jamaica, Colombia, a Panamá a Costa Rica. Me parece que son pretensiones exageradas, que además de no tener razón desde el punto de vista técnico, si reflejan un apetito insaciable de Nicaragua”, dijo el agente de Colombia Carlos Gustavo Arrieta.
“La demanda de Nicaragua está fuera de las competencias de la corte”, dijo por su parte el coagente de Colombia, Manuel José Cepeda en la apertura de los argumentos en La Haya, en referencia a que después de que el país denunció el Pacto de Bogotá, ya no está dentro de la jurisdicción del tribunal.
Por su parte, los representantes de Nicaragua defendieron ante el tribunal que si bien el pacto puede ser denunciado, la salida entra en vigor un año después de que el país la notifique.
Después del fallo de Corte de La Haya del 19 de noviembre de 2012, que estableció que Colombia tiene soberanía sobre los siete cayos del archipiélago de San Andrés, pero otorgó a Managua una franja marítima, el gobierno de Bogotá denunció el pacto americano de soluciones pacíficas que databa de 1948.
” Déjà vu”
Con respecto al fondo de la demanda hecha por Managua, Colombia defendió que el asunto ya quedó zanjado en el fallo de 2012.
“Lo que está solicitando Nicaragua en este caso es idéntico a lo solicitado en el año 2001 y la corte ya tomó la decisión de que Nicaragua no tenía acceso a esa plataforma”, explicó Arrieta.
El abogado Rodman R. Bundy expresó que era un placer representar a Colombia, pero que lo hacía con un sensación de “Déjà vu”.
“Nicaragua está litigando un caso que ya fue analizado”, argumentó el abogado, quien estima que Nicaragua no debería tener una segunda oportunidad para revisar este asunto en la Corte.
Durante la audiencia de octubre de este año, Cepeda recordó además que el país está preparado para firmar un tratado con Nicaragua para aplicar el fallo.
“Colombia está preparada para firmar un tratado con Nicaragua, ya que el fallo debe ser incorporado por un tratado y no por una reforma constitucional, como lo hizo Nicaragua”, explicó Cepeda.
Nicaragua ha criticado al gobierno de Colombia, ya que argumenta que las autoridades de Bogotá no aceptan el carácter obligatorio del fallo de la CJP.
Bogotá defiende que constitucionalmente los límites marítimos solo pueden modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, por lo que considera que el fallo no es aplicable hasta que no se firme un acuerdo entre ambos países.
Además Colombia estima que el fallo de La Haya desconoce por completo los tratados de límites vigentes con estos países, los cuales son de obligatorio cumplimiento.
Tras el fallo de noviembre de 2012, Managua ha extendido licencias de pesca a los habitantes de las islas y también ha permitido a Estados Unidos y a Rusia realizar ejercicios militares.
AFP