BOGOTÁ, 05 de Junio_ RAM_.... La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó la solicitud presentada por la defensa de Iván Moreno Rojas, y le otorgó dos meses de plazo para que recolecte la información que considere complementaria en el proceso que se le adelanta por el llamado carrusel de la contratación.
El alto tribunal le ordenó además a la Fiscalía para le entregue al excongresista los archivos documentales solicitadas por su defensa, entre los que se encuentra el material probatorio recolectados por el ente acusador en el proceso que se adelanta contra su hermano, el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, investigado por las irregularidades en la contratación vial en la capital de la República.
“Con ese propósito se oficiará inmediatamente a la Fiscalía tercera delegada ante la corte suprema de justicia para que a la mayor brevedad posible se sirva remitir las copias faltantes de aquellas que fueron ordenadas en la última sesión de la inspección judicial practicada al expediente que se adelanta contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas”, precisó la Corte.
En su solicitud, el exsenador del Polo Democrático aseguró que la Fiscalía le ha informado que no era posible allegar varios de los documentos, entre ellos soportes de los contratos viales, los cuales son fundamentales para su defensa.
Iván Moreno Rojas es investigado por la Corte Suprema por presuntamente haber hecho del grupo de personas que solicitaron comisiones a un grupo de contratistas para la favorecerlos en la licitación de contratos viales en Bogotá, entre los que se destacan la Fase III de Transmilenio y el manejo de dos estaciones de gasolina de la doble calzada Bogotá-Girardot.
La audiencia fue suspendida para el próximo 5 de junio, fecha en la cual se presentará la decisión tomada sobre la solicitud del excongresista investigado por los delitos de concierto para delinquir, concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Por estos hechos Moreno Rojas fue destituido e inhabilitado en el ejercicio de funciones públicas durante 20 años por decisión de la Procuraduría General de la Nación