La Procuraduría General de la Nación le envió un concepto a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la sanción impuesta a los azucareros en el país advirtiendo que si bien los gremios pudieron haber cometido irregularidades las multas habrían sido desproporcionadas afectando derechos fundamentales de quienes están al frente de esta actividad económica.
Según el documento de la Procuraduría la SuperIndustria no habría tenido en cuenta dentro de su sanción los efectos generados tanto a los empresarios como a los consumidores y tampoco explicaría cuáles son las afectaciones al mercado o a la industria las restricciones a la competencia que ejercieron los ingenios.
Para el Ministerio Público es necesario que la SIC realice un análisis detallado de la proporcionalidad de la sanción frente a los patrimonios de los ingenios multados puesto que existen elementos que deben ser probados para imponer dicho castigo económico que sobrepasó los 320 mil millones de pesos.
“Las sumas determinadas por el ente sancionador corresponden a una dosimetría efectuada, sin atender de manera precisa las reglas y criterios fijados en la ley pues en lugar de fijar sanción en relación con el ingresos operacionales, el Ministerio Público considera que debió haber efectuado
un análisis que respondiera al grado de responsabilidad de cada sancionado, o al menos indicar porqué respecto de unos Ingenios las sumas son mayores y otras menores, o si los grados de participación y/o responsabilidad son iguales o diferentes entre unos y otros”, señala el documento.
Insiste la Procuraduría que la discusión no se centra en la responsabilidad de las presuntas infracciones que cometieron los ingenios pero sí en la posible vulneración de los derechos en este proceso administrativo.
“El Ministerio Público no controvierte sobre la responsabilidad de los sancionados como resultado de la investigación efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio; lo que resalta y advierte este órgano de Control se circunscribe a la sanción impuesta a los Ingenios, pues no se evidencia la rigurosidad fáctica y jurídica que sustente y soporte la gradualidad y dosimetría de la sanción”, indicó la Procuraduría.