A la cárcel alcaldesa de Florencia

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El juez séptimo de control de garantías de Bogotá cobijo este miércoles con medida de aseguramiento a la alcaldesa de Florencia (Caquetá) Susana Pórtela, su esposo, dos secretarios municipales y 11 concejales procesados por presuntos hechos de corrupción.  

La investigación adelantada por las autoridades apunta a que desde la Alcaldía de Florencia se habrían ofrecido dádivas a los cabildantes para que ampliaran el cupo de endeudamiento por encima de los parámetros establecidos y la capacidad fiscal.

Previamente, Portela se había declarado inocente de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público que le imputó la Fiscalía General.

Igualmente se declaró inocente el esposo de la alcaldesa, Diego Luis Rojas Navarrete, dos secretarios de la administración municipal y 11 concejales. Todos estos fueron capturados el pasado 30 de julio en un operativo conjunto adelantado por la Policía y la Fiscalía.

La polémica por la entrega de sobornos comenzó cuando Portela intentaba que los concejales de Florencia le aprobaran el proyecto de endeudamiento. Junto a algunos de sus subalternos y su esposo —exdirectivo del Sena y profesor universitario—, quien sería el verdadero poder en la sombra en la Alcaldía, acordaron pagos de coimas para cabildantes de su coalición.

Según las pesquisas de la Fiscalía, la repartición de los dineros se planeó así: en primer lugar, Germán Morales, asesor de la alcaldesa, le entregó $200 millones a los jefes de bancada de los partidos de La U, Verde, Liberal y Cambio Radical antes de la radicación del proyecto; luego se dio una segunda entrega, por la misma suma, en el momento de la aprobación del acuerdo; y finalmente, se dieron otros $400 millones después de la aprobación del desembolso del crédito.

Todo salió a pedir de boca hasta que la gobernadora de Caquetá, Martha Liliana Valencia, del Movimiento MIRA, rival política de la alcaldesa, no le dio el visto bueno al acuerdo. A su vez, la Contraloría se manifestó en contra de un endeudamiento de tal magnitud, improcedente para un municipio que ya debía $13.000 millones. Ahí comenzaron a aparecer en el radar de las autoridades la alcaldesa y los concejales.

El acuerdo municipal fue demandado y tumbado por un juez, pero quienes estaban detrás del proyecto, según la Fiscalía, no se quedaron con los brazos cruzados e intentaron, con un nuevo soborno, evitar que el acuerdo se declarara ilegal.

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