Paz: en busca del tiempo perdido

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POR CARLOS OBREGON

El proceso vuelve al curso que traía antes de abril, pero la cuesta es igual de empinada por la falta de claridad.

Más rápido de lo que se esperaba, el presidente Juan Manuel Santos vuelve a ordenar la suspensión de bombardeos contra campamentos de las Farc. Decisión que se toma en condiciones muy diferentes a la medida tomada en marzo, cuando la guerrilla llevaba tres meses de cese unilateral del fuego y la opinión empezaba a darle un respaldo creciente a las negociaciones de La Habana.

El nuevo anuncio presidencial es ante todo un gesto de voluntad que responde a otro cese unilateral de las Farc a partir del 20 de julio y cuyo fin primordial, de ambos lados de la mesa, es sacar al proceso de la crisis, aligerar las negociaciones y reencausarlas a un cese bilateral y definitivo mientras se tramitan en paralelo los asuntos pendientes de víctimas y justicia. A lo anterior se suma la integración de un grupo de alto nivel que asesorará al gobierno en temas de justicia.

Haber roto la tregua, pero sobre todo perder la confianza mutua entre las dos partes, implicó 289 acciones violentas –contra 91 acciones en los cinco meses anteriores, según cifras de Paz y Reconciliacion– en 79 municipios donde las Farc pusieron en funcionamiento todo su poder de daño al medio ambiente y a la infraestructura y que le merecieron que volvieran a ser catalogados como terroristas, por más que el presidente Santos y el ministro de Defensa intenten bajarle el tono al lenguaje del conflicto.

Con estos nuevos pasos, la negociación vuelve al curso que traía antes de abril. Sin embargo, la cuesta es igual de empinada. Desde la semana anterior las Farc plantearon nuevos escenarios como integrar la Comisión de la Verdad antes de la firma de los acuerdos finales y Enrique Santiago, uno de sus asesores en La Habana acaba de plantear en Semana que “si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir”, incluidos ministros y políticos que hayan tomado decisiones sobre el conflicto. Y además de plantear nuevas instancias de juzgamiento en el postconflicto, considera Santiago que los miembros del Secretariado deben tener derecho a participar en política.

Nunca el proceso había tenido una crisis tan profunda y prolongada como la de los dos últimos meses. Por eso cualquier nuevo anuncio o declaración que implique avances en la mesa será mejor que cualquier reporte de muertos o de atentados, como diría Pambelé.

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