Aumentan condena a exfiscal Camilo Bula

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aumentó la pena que un juez había impuesto al exfiscal antinarcóticos, Camilo Bula Galeano, procesado por el escándalo del manejo irregular de bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Según la sentencia, ahora deberá purgar una condena de 221 meses de prisión, por las anomalías detectadas en la venta de cuatro bienes del organismo estatal.

La decisión tomó por sorpresa a la Fiscalía que le concedió a Bula un principio de oportunidad por los delitos de falsedad en documento público y privado, prevaricato, fraude procesal, concierto para delinquir y obtención de documento público falso. Además había aceptado cargos por el delito de peculado en beneficio propio y en beneficio de terceros que le permitían una rebaja de casi el 45% de la pena. Así mismo, colaboraba activamente con el ente investigador para señalar a otros implicados en la multimillonaria defraudación al interior de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Hace un año un juez penal lo había sentenciado a ocho años y tres meses de prisión y multa de 25.500 salarios mínimos, es decir, cerca de $15.708 millones. Sin embargo, ante apelación presentada por la Dirección de Estupefacientes, y cuando se creía que la colaboración a la justicia de Bula iba a pesar en su favor, el Tribunal de Bogotá lo que hizo fue aumentarle la condena por la gravedad de sus conductas como liquidador de la DNE.

Aunque en sus avances con la Fiscalía, Bula había sido clave para esclarecer delitos tales como falsedad en documento público, prevaricato, fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad en documento privado, señalando nombres de abogados, políticos y congresistas implicados en el escándalo, el Tribunal de Bogotá no consideró suficiente la colaboración y elevó sustancialmente la condena contra el exfuncionario.

En círculos de la Fiscalía se afirma que Bula había solicitado al magistrado que llevó el caso en el Tribunal de Bogotá que se declarara impedido. Su argumento fue que el jurista Juan Carlos Garrido fue su subalterno en el ente investigador y salió del organismo por decisión suya. Es decir, que al parecer existían diferencias personales entre ambos funcionarios. Por ahora el caso pasará a casación a la Corte Suprema de Justicia.

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