La Administración Distrital conjuntamente con la Policía Metropolitana de Bogotá, tomó varias medidas con el fin de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad el libre derecho a la movilidad, tras el anuncio del plan tortuga por parte de conductores de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público SITP.
La secretaria de Gobierno, Gloria Flórez, dijo que se garantiza la legítima protesta del sector, siempre y cuando también se respeten los derechos de los ciudadanos.
“Garantizamos la legítima protesta de todos los sectores ciudadanos y estamos como Administración Distrital en la obligación de garantizar el derecho de los ciudadanos a la libre movilidad, a trasladarse a sus lugares de trabajo y de estudio y por tanto insistimos ante el gremio de taxistas y conductores que no vamos a permitir ningún bloqueo en ninguna avenida de la ciudad”, aseguró.
“Igualmente garantizaremos el flujo de transporte público y estaremos abiertos siempre al diálogo y a tender los puentes necesarios en relación con los taxistas y el Gobierno Nacional sobre las solicitudes expresas que ellos tienen especialmente relacionados con el transporte de UBER”, manifestó.
“Estamos dispuestos también a tender los puentes con las empresas que operan Transmilenio y el SITP”, dijo.
“Habrá dispositivos de seguridad en varios puntos de la ciudad para poder responder a la situación que se pueda presentar en la ciudad”, indicó.
La Secretaria anunció una reunión en las próximas horas con el gerente de Transmilenio, empresarios, sindicatos y autoridades para buscar soluciones al anuncio de Plan Tortuga. Igualmente se activará un Puesto de Mando Unificado desde la Alcaldía Mayor para monitorear la ciudad.
Por su parte el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Ramiro Mena Bravo, dijo que las autoridades pondrán toda su capacidad institucional para atender cualquier contingencia que se presente en Bogotá.
“Con un alistamiento de todo el personal y toda nuestra capacidad institucional para garantizar la movilidad y se ha coordinado no solo con las autoridades distritales sino con entidades como la Superintendencia de Puertos y Transporte, para que se apliquen las sanciones que correspondan a las empresas que no cumplan con un servicio esencial público como es el transporte público“, señaló.
“Si se afecta la movilidad actuaremos como corresponde con la judicialización y la aplicación de toda la normatividad judicial penal vigente a quienes obstruyan una vía pública y afecten los derechos de los demás ciudadanos”, finalizó.