Procurador dice que con la eutanasia se está obligando a médicos a cometer un delito

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El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó al Consejo de Estado que tramite la demanda de nulidad que interpuso contra la resolución del Ministerio de Salud que dio vía libre a la aplicación de la eutanasia en Colombia porque está en juego al vida de miles de personas y se estaría obligando a los médicos a cometer un delito.

Señala el Procurador en su misiva que es necesario el estudio de esta demanda con carácter ‘urgente’ para que se decreten las medidas cautelares de suspensión de dicha resolución del Ministerio porque está siendo utilizada para ‘terminar la vida de pacientes’.

“Resulta imperioso un pronunciamiento del Consejo de Estado porque, como es de público conocimiento, la resolución demandada ya ha empezado a ser utilizada para terminar la vida de pacientes, muy a pesar de todos los vicios legales y constitucionales que concurrieron en su expedición, así como de la grave afectación a derechos fundamentales que ella implica“, advierte el Procurador.

Asimismo, Ordóñez Maldonado insistió que las directrices impartidas en al resolución 1216 del 20 de abril de 2015 no están dentro de las normas constitucionales al advertir que es competencia del Congreso de la República el que debe reglamentar este tipo de acciones en las que está comprometida la vida de las personas.

De igual forma advirtió dentro de sus argumentos que con esta resolución estaría obligando a los médicos a cometer un delito si se tiene en cuenta que “el homicidio por piedad es un delito en Colombia y que la jurisprudencia constitucional solo ha despenalizado la acción del médico tratante cuando este actúa libremente y por piedad, si se cumplen ciertas condiciones extremas y objetivas respecto de la salud del paciente“.

Esta demanda que fue radicada el 30 de abril aún no ha sido admitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por lo que el Procurador bajo la figura del impulso procesal espera que sea estudiada lo antes posible y se decrete la suspensión de dicha resolución mientras hay una decisión de fondo.

“No es posible que una resolución obligue a alguien, menos aún si no es el médico tratante del paciente, a participar en un procedimiento que tenga por objetivo quitarle la vida sin hacer ninguna mención o consideración a la piedad, ya que estaría obligándole a cometer un delito“, indicó Ordóñez.

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