Venezuela rechaza informe de EEUU sobre Derechos Humanos

Caracas, 24 may .- El Gobierno de Venezuela rechazó hoy «de forma categórica y contundente» el «Informe de Derechos Humanos»que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos, y acusó a esta administración de mantener una «vocación imperialista» al divulgar estos documentos «unilaterales».

Estados Unidos denunció una creciente concentración de poder en Venezuela. Consideran que el gobierno de Hugo Chávez siguió usando la justicia para “intimidar y perseguir líderes políticos, sindicales, empresariales y de la sociedad civil” que se mostraron críticos, señaló el reporte del Departamento de Estado.

“La concentración del poder en el Ejecutivo continuó incrementándose significativamente”, indicó el informe, que criticó la ley aprobada por el Congreso en diciembre de 2010 que le otorgó a Chávez poderes especiales para legislar por decreto por año y medio.

“Bajo esta autoridad, el presidente Chávez decretó 26 leyes, que incluyeron un número de provisiones que restringen los derechos fundamentales económicos y de la propiedad”, se consideró.

Washington reconoció que el gobierno de Chávez ha castigado a algunos oficiales de bajo rango, pero “no hubo investigaciones o acciones judiciales contra funcionarios de alto nivelante denuncias de corrupción o abusos”.

En el pasado, Venezuela ha rechazado las críticas de estos informes anuales, alegando que tienen una naturaleza política.

Washington admite que las relaciones más difíciles en la región las mantiene con Venezuela.

Estados Unidos preocupado ante el “creciente hostigamiento” contra la prensa en Venezuela

El país norteamericano mostró gran preocupación ante “el creciente hostigamiento contra la prensa en Venezuela”. Además destacan que el Gobierno venezolano tomó “acciones para impedir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia, acosó e intimidó a cadenas de televisión privadas y a periodistas”, y sus ataques mediáticos estuvieron “impregnados de antisemitismo”.

Las acciones del gobierno están destinadas a entorpecer la libertad de expresióny criminalizar la disidencia”, destaca el informe.

Además enumera casos de multas, amenazas, incautación de material e investigaciones criminales a medios privados y periodistas.

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