Terrorismo, redes sociales y censura

Por: Ricardo Galán.—

La semana pasada, como lo había anunciado el alcalde Gustavo Petro antes de irse para Europa, explotaron dos bombas en Bogotá.

La reaparición del terrorismo en la ciudad nos devolvió a la época cuando Pablo Escobar nos encerró en las casas presas del miedo ante la posibilidad de perder la vida en un cine, un restaurante o un centro comercial. Era el efecto que las Farc buscaban. Llenarnos de pánico para que el gobierno nacional cediera a su petición de un cese el fuego bilateral, cosa que parecen haber conseguido si nos atenemos a lo dicho por Humberto de la Calle en su publirreportaje con Juan Gossain.

Esos no fueron los únicos efectos de las bombas del 2 de julio. Al otro día ocurrieron dos hechos igual o más graves que merecen atención.

El primer caso es la amenaza de la Fiscalía General de procesar penalmente por el delito de obstrucción a la justicia a quienes desde sus teléfonos celulares o tabletas tomen fotografías o graben videos en el sitio de los atentados y en lugar de “entregárselos” a las autoridades, los compartan a través de las redes sociales o los medios de comunicación.

El segundo fue una ola de mensajes en audio enviados a través de WhatsApp en la cual una voz masculina y otra femenina advertían sobre la inminencia de por lo menos un atentado terrorista contra un centro comercial de Bogotá.

Los dos casos tienen que ver con la forma como la gente se comunica en estos días de Internet, redes sociales y medios digitales en los que cualquier ciudadano que disponga de un teléfono celular con cámara y plan de datos puede transmitir en directo lo que ocurra a su alrededor. Tiempos en los que una persona es al mismo tiempo productor y consumidor de contenido. Emisor y receptor de información. Fuente y audiencia.

Se trata del uso de las nuevas plataformas de comunicación con intenciones y objetivos diferentes que la Fiscalía debería ser capaz de diferenciar.

Una cosa es compartir fotografías o videos después de ocurrido un atentado terrorista con la intención de reportar algo que ya ocurrió en ejercicio de la libertad de información y expresión y otra bien diferente propagar la versión de un atentado por ocurrir con la clara intención de amedrentar a la población.

La Fiscalía debería capturar y procesar por terrorismo a quienes usan las Apps, las redes y los dispositivos móviles para amenazar e inducir al pánico y no afanarse en censurar a quienes sólo las utilizan para informar. Pero eso no va a pasar porque siempre será más fácil perseguir tuiteros que terroristas.

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