Justicia Transicional: ¿un camino hacia la paz?

BOGOTÁ, 18 de Mayo_ RAM_..… Después de varios intentos y largas jornadas de discusión y polémica, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría calificada y en sexto debate, el proyecto de acto legislativo que crea un marco jurídico para la paz en Colombia.

De acuerdo con su ponente Carlos Edward Osorio Aguiar, la llamada justicia transicional abre las puertas para que el gobierno nacional inicie procesos de diálogo con los grupos alzados en armas y sus integrantes se reincorporen a la vida civil,  en condiciones de no impunidad para delitos de lesa humanidad, pero si orientadas a superar el conflicto armado colombiano.

Para Osorio Aguiar es mezquino afirmar que el marco jurídico para la paz que hace tránsito en el Congreso esconde una intención de amnistiar, indultar y cesar la acción penal contra todos aquellos actores que han violado los más elementales derechos humanos o han cometido actos terroristas de gravedad extrema.

Tampoco es cierto que con la entrada en vigencia de la justicia transicional puedan ser elegibles a cargos y corporaciones públicas, cabecillas o jefes de organizaciones al margen de la Ley como las Farc. “La idea es estructurar mecanismos útiles y eficientes para que quienes decidan dejar las armas lo hagan en desmovilizaciones masivas”, explican sus defensores.

La oposición a la reforma constitucional por parte algunos sectores políticos, incluso la de Human Rigghts Watch, en cabeza de su Director José Miguel  Vivanco, no tienen sentido si se tiene en cuenta que el contenido de la iniciativa, que es de gran interés nacional, no tiene favorecimientos para con grupos o miembros de los mismos, que durante años han quebrantado el régimen institucional colombiano.

Por el contrario, señalan quienes la defienden, es una norma que crea instrumentos para reparar a las víctimas, aplicar todo el peso de la Ley a los infractores del orden constitucional y facilitar caminos que les permita a los colombianos recuperar la paz, a través de procesos de reconciliación.

Para el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, si bien es cierto los últimos hechos de violencia afectan cualquier posibilidad de abrir proceso de paz, estos actos terroristas no pueden entorpecer o ensombrecer el ambiente para la discusión y aprobación final del marco jurídico para la paz en el Senado de la República.

Aprobación sin burocracia

El convencimiento de estar actuando de acuerdo con principios éticos y morales, fue lo que motivaron las duras críticas de muchos representantes a la Cámara contra el Expresidente Álvaro Uribe, por sus declaraciones en el sentido de que “con el látigo burocrático del gobierno”, la corporación había aprobado el acto legislativo.

“No es la persona, ni ética, ni moralmente” más indicada para formular tan graves cuestionamientos”, le dijo el congresista Oscar de Jesús Marín, al recordarle la forma como se aprobaron proyectos como el referendo releccionista, que solo lo favorecería él.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, si bien es cierto son válidas las observaciones de sus críticos, también hay que recordar que en ellas no ponderan adecuadamente las tensiones que existen entre la aplicación de la justicia penal  a todos los perpetradores de violaciones de derechos humanos y las posibilidades de buscar una paz negociada.

Para la Fundación es importante tener en cuenta que la fuente primordial de violaciones a los derechos humanos en Colombia es la continuación de la guerra interna que vive el país desde hace más de 50 años. En consecuencia, no hay mejor propósito para protegerlos, que terminar el conflicto interno, sin desconocer naturalmente los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación.

Y para que el marco jurídico para la paz no fracase, como ha ocurrido en épocas recientes, es necesario reglamentarlo con normas estatutarias, de tal manera que quede blindado contra posibles vicios constitucionales, sostuvo Osorio Aguiar, no sin antes recordar que este acto legislativo no ha sido improvisado, sino que ha sido el resultado de un estudio juicioso, responsable y consensuado.

En el Senado, donde en los próximos días se surtirán sus últimos dos de ocho debates, ya se anuncian por parte de uno de sus ponentes, Juan Fernando Cristo, la creación también de una comisión de la verdad que le de punto final al espiral de violencia y de esa manera la paz tan anhelada “no sea un punto en el infinito, sino una realidad del diario vivir colombiano”.

 

¿Pero, qué es la justicia Transicional?

 

Es el conjunto de medidas y políticas que utilizan algunos países como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Pueden ser acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación u otro tipo de reformas institucionales.

De acuerdo con el Instituto Internacional para la Justicia Transicional, la justicia transicional no es un tipo especial de justicia, sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado.

Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la conciencia ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho, sostiene el CIJT.

Y es que cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen el derecho a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones. Por eso es importante la justicia transicional y por esa misma razón el acto legislativo debe ser aprobado, sostienen sus promotores.

Para el CIJT, los elementos que componen las políticas de justicia transicional no constituyen una lista azarosa, sino que están interrelacionados práctica y conceptualmente.

Entre los más determinantes se pueden establecer las acciones penales, sobre todo contra los criminales de mayor responsabilidad, las reparaciones, las reformas institucionales y las comisiones de la verdad.

Para el país, sostienen expertos en la materia, es tan importante la aprobación de la reforma que está en curso, porque si la sociedad no enfrenta los conflictos internos y la permanente violación a los derechos humanos, corre el riesgo de quedar dividida frente a la institucionalidad  del país. Y lo más grave, si no se hace nada esos ciclos de violencia que se han venido dando podrían incrementarse y perpetuarse en el tiempo.

 

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