Ganó Petro, ¿que ganó Bogotá?

Francamente, ¿quién puede creer que una ciudad de nueve millones de habitantes, con un presupuesto de 17 billones de pesos, donde reside el centro político, industrial y cultural más importante de Colombia, podrá ser dirigida eficazmente por un hombre sin la menor experiencia administrativa, por el caudillo de un movimiento izquierdista y sectario que fue votado, el pasado 30 de octubre, únicamente por 600 934 personas?

Lo que acaba de ocurrir en Bogotá es un muy mal signo para el futuro de Colombia.

¿Cómo aceptar el hecho de que Bogotá haya conferido esa dignidad a alguien que ha sido, durante más de dos décadas, uno de los políticos más opacos y nebulosos del país, pues en todos esos años él logró ocultar, tras innumerables cortinas de humo, casi todo su pasado político y, sobre todo, sus actuaciones clandestinas al servicio del M-19, y ha logrado aparecer, finalmente, como el héroe candoroso de un supuesto “socialismo democrático” latinoamericano? ¿Cómo calificar el hecho de que Bogotá ha elevado al cargo de alcalde mayor a un hombre que tiene sangre en las manos?

Aunque amnistiado y con buena prensa, Petro tiene un prontuario criminal que lo seguirá siempre. En años anteriores, Bogotá había elegido dos alcaldes de la corriente de Petro. Ambos cometieron graves errores y defraudaron a la ciudad. Los índices de corrupción alcanzados por la alcaldía de Samuel Moreno Rojas es una aberración atribuible sobre todo al partido de Petro. Sin embargo, ninguno de ellos había tomado las armas para matar a otros colombianos. Petro lo hizo y pagó cárcel por eso. Petro nunca se arrepintió de manera clara de su pasado guerrillero. Así pues, alguien que militó en uno de los movimientos terroristas más sangrientos del país tomará las palancas de la ciudad el 1 de enero de 2012.

¿La elección de Gustavo Petro Urrego como alcalde de Bogotá es algo más que el resultado de una votación? Puede ser la operación más audaz del M-19 contra el sistema político, más incluso que el infernal asalto contra el Palacio de Justicia en 1985 y los procesos judiciales inicuos contra los héroes defensores del Palacio. Por una razón: porque esta elección es, para Petro, únicamente un trampolín para tallarse una imagen de presidenciable, y porque esta vez esa operación aparece como algo muy legal, muy legítimo e irrefutable.

Estamos ante un éxito del M-19. Un M-19 desarmado existe desde marzo de 1990 bajo diferentes ropajes y nombres: Alianza Democrática, Frente Social y Político, Polo Democrático, y ahora Partido Progresista. Todos esos grupos son lo mismo, un mismo programa, una misma doctrina. ¿Dónde está la evolución ideológica de ellos? Eso no existe. Ese grupo es la respuesta a una misma promesa: la de Carlos Pizarro quien en 1988 advertía que el M-19 debería “ser gobierno”. Ese aparato salido de las entrañas de las FARC, que en su época logró hacerle creer al país que era una guerrilla “juvenil” y “nacionalista”, sigue hoy su marcha bajo ropajes civiles, pero con los objetivos de siempre: desbaratar la democracia y desmantelar el sistema capitalista. Todo bajo un juego de disimulación y camuflaje de alcance estratégico.

¿Cuál es la hoja de servicios de Petro a la ciudad, al país? Su periodo como senador él lo aprovechó para saciar una doble pasión: tratar de destituir al presidente Álvaro Uribe y ponerle zancadillas a la política de Seguridad Democrática. Su fracaso fue estruendoso. Su triunfo de hoy reviste, pues, la forma de una revancha. ¿Qué frutos podrán nacer de ese terreno tan árido?

Petro fue elegido por una minoría. Sólo el 32% de quienes votaron en la capital de la República lo hicieron por él. El resto, el 68% de los votantes que se movilizaron el 30 de octubre, querían otro alcalde.

Eso quiere decir dos cosas:

a) que Bogotá no es una metrópolis que ha virado hacia la izquierda, ni a la extrema izquierda. Sin embargo, tendrá que soportar las decisiones y políticas de una corriente minoritaria que no recoge el querer de las mayorías.

b) que el sistema actual, para la elección de alcaldes y de gobernadores, es pésimo pues no contempla la posibilidad de una segunda vuelta. Ello permitió que la minoría mayor, no la mayoría (absoluta o relativa) de los votantes, adquiriera el control de la ciudad.

Ese sistema electoral, que ha permitido al minoritario Polo Democrático controlar la administración de la ciudad, no es plenamente democrático y está mandado a recoger. Hay que dotar al país de un sistema de dos vueltas para las próximas elecciones de alcaldes y de gobernadores. No hay otra manera para lograr que las autoridades que sean elegidas sean, también, representativas.

Si en la primera vuelta no aparece un candidato respaldado por la mayoría de votantes, sólo una segunda vuelta puede darle a alguien una representatividad inobjetable. Es lo que se hace en otras grandes democracias. Sin una segunda vuelta las alianzas políticas, algo totalmente legítimo, pierden interés. Pues si una minoría mayor se impone en una sola vuelta, los lideres y fracciones que quieran sumarse a ella para gobernar la ciudad lo harán no por afinidades de ideas sino por un interés particular. Ese tipo de gestión municipal tiene un nombre: “chambonear” (para no utilizar otra palabra). ¿Es eso lo que le espera a Bogotá ante temas fundamentales como la Salud, la Educación, el Mínimo Vital, el Metro, el Sistema Integrado de Transporte Público y el nuevo aeropuerto de El Dorado?

Gustavo Petro no estaba habilitado para ser candidato. La tradicional debilidad institucional de Colombia, y el laxismo del Consejo Nacional Electoral, jugaron a favor de esa candidatura. La inhabilidad de Petro es un hecho. Ese candidato fue capturado en octubre de 1985, juzgado y condenado a 18 meses de cárcel. Esa condena se cumplió. “Petro salió de la cárcel después de 16 meses de sufrir pena privativa de la libertad por decisión judicial. Que es exactamente lo que produce la inhabilidad que describe el artículo 179 de la Constitución, y que por una migración normativa se aplica a quienes pretendan la dignidad de alcalde de Bogotá”, explicó el jurista y ex ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Este precisó algo muy importante: “El perdón a los del M-19 no cubrió el delito anterior de Petro [pues el delito de octubre de 1985] nunca fue declarado delito político”. (El Tiempo, 7 de septiembre de 2011)

El hecho de haber “ganado” la elección de Bogotá no exime a la justicia de estudiar de nuevo la legalidad de esa candidatura. Las mayorías bogotanas no deberían olvidar ese punto. Tampoco se debería perder el hilo del problema de la financiación de la campaña de Gustavo Petro. La periodista Cecilia Orozco Tascón, para nada sospechosa de simpatías uribistas, dijo que jamás votaría por Gustavo Petro (El Espectador, 25 de octubre de 2011) pues entre los mayores financiadores de esa campaña hubo “empresas y empresarios extraños”: Tramsar le donó a Petro 111 millones de pesos, Pilastro Ingeniería y Construcción le dió 64 millones de pesos y los señores Jorge y Gustavo Escaf le aportaron 115 millones de pesos. Esos aportes constituyeron el 25% de los recursos de esa campaña. “Nada tranquilizador” concluye la periodista.

Hay que decirlo: en esas condiciones, el triunfo de Petro hace parte de las anomalías que rodearon las elecciones regionales y municipales del 30 de octubre, donde una veintena de motines y asonadas (con heridos y muertos) afectó la pureza del sufragio en varias regiones. Según la Ong Misión de Observación Electoral, 41 candidatos fueron asesinados durante la campaña, 87 fueron amenazados, 22 sufrieron atentados, 7 fueron secuestrados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estimó que las bandas criminales habían estado presentes “en 347 municipalidades de 31 de los 32 departamentos”. Hubo pues un regreso de la violencia preelectoral y paramilitares y guerrillas hicieron de las suyas para imponer su gente. Lo de Petro es otra extravagancia más de esa jornada. Hay que reflexionar sobre eso.

Por: Eduardo Mackenzie

 

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