El Contralor General, Edgardo Maya Villazón, radicó ante el Congreso el análisis técnico del Plan Nacional de Desarrollo, el funcionario llamó la atención sobre 10 puntos.
El primero de ellos tiene que ver con que la metas estratégicas no son claras y están aisladas de las soluciones que el país necesita, como ejemplo, menciona el modelo y la financiación del programa de las 100 mil becas presentado en la campaña del Presidente, el contrabando, la evasión, o el hacinamiento carcelario.
Sobre los temas no hay acciones claras por lo que no se entiende cómo podrían atenderse con eficiencia.
Otro de los vacíos está relacionado con dudas frente a las estrategias de financiación del Plan, pues de acuerdo con el Contralor, no están claros los supuestos macroeconómicos y esa omisión genera dudas sobre la estrategia de financiación del Plan.
Para Maya, el Plan de Desarrollo anterior, preveía recursos totales por $633 billones y sin embargo tuvo un recorte de $6 billones de pesos a finales del año pasado y se necesitaron minireformas tibutarias para financiarlo.
Mientras que la propuesta del Plan actual alcanza los $703,9 billones, es decir 11,2% más que el Plan anterior, con una participación de los recursos del Gobierno Central del 36.7%, el sector privado del 34,2% y los recursos del Sistema General de Participaciones con 18,9%.
Situación que supone que el esfuerzo del Gobierno estará limitado por el panorama restrictivo de las finanzas públicas.
En otros cuestionamientos, el PND tiene fuentes de financiación inflexibles como el Sistema General de Participaciones o el Sistema General de Regalías, que son recursos que no pueden ser usados en actividades nuevas o diferentes a las estipuladas por la Ley y también se incorporan recursos del sector privado sobre los cuales no hay garantía de inversión.
De otro lado, muchas disposiciones del articulado no tienen “conexión directa” con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, según el Contralor, el Plan se extralimita al reglar acciones que no le compren como le Ley Estatutaria de Salud y el control fiscal. Para Maya, dichas disposiciones no tienen coherencia y soporte con los objetivos del proyecto y exceden la capacidad del Plan.
Así mismo, hay iniciativas que afectan el quehacer de la Contraloría General, que debe ser analizadas, pues el Plan no puede hacer una transferencia de las actividades enmarcadas en el Sistema Nacional para el Control Fiscal (SINACOF) de la Contraloría a la Auditoría General de la República, situación que lleva a que la Contraloría pierda un espacio fundamental, cuando es el órgano superior de control fiscal.
Otra preocupación para el Contralor es que la competitividad está desarticulada y en temas como vías, agua potable y turismo, hace falta un sistema de datos, planea ya con es que permitan el desarrollo de las metas.
De igual forma se advierte que no está definida una estrategia para que el Estado pueda responder a futuro con el pago de pensiones, lo cual preocupa teniendo en cuenta que cada año se destinan $34 billones del Presupuesto General de la Nación para atender esta obligación.
En otra denlas inquietudes, el Contralor Plantea que el modelo para el agro no genera soluciones a problemas históricos y que no tiene en cuenta a los pequeños agricultores con estrategias que les permitan seguir vigentes.
En el tema agrario también es necesario que el país tenga una lista de baldíos con el fin de determinar cuáles son adjudicables, cuáles no y mejorar los procedimientos para la entrega oportuna de los mismos.
En cuanto al sector Defensa y Justicia, al Contralor le preocupa la ausencia de metas relacionadas con la disminución de los inventarios finales de procesos, esto porque la descongestión judicial es vital para el sector y se hace indispensable reducir las cargas laborales de los jueces.
En Defensa y Seguridad, además no hay contemplados gastos extraordinarios.
El tema ambiental también llama la atención del Contralor, que considera que el modelo del Plan no es verde sostenible, pues se queda en un listado de planes y estrategias sin metas cuantificables, que impide llevar un seguimiento y evaluación de los logros.
Por último, Maya Villazón cuestiona que las a lo largo del proyecto del PND se crean fondos en los diferentes sectores con fuentes de recursos nacionales y territoriales que centralizan recursos y podrían debilitar la autonomía de los entes territoriales.
Como ejemplo, cita al Fondo de Infraestructura Educativa que recoge recursos de regalías trasladando la financiación de los proyectos territoriales hacia el Ministerio de Educación Nacional, organismo de carácter eminentemente planificador y coordinador, más no ejecutor.