Corte Constitucional tumba facultad de la Contraloría para hacer funciones de advertencia

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Corte Constitucional determinó que esta facultad para emitir advertencias sobre la posible pérdida de recursos públicos en el marco de la ejecución de un contrato, va en contravía de la constitución, pues le otorgaba al ente de control un poder de coadministración «porque a través de las advertencias logra tener incidencia en decisiones administrativas aún no concluidas».
 
La Corte agregó que las funciones de advertencia constituyen una modalidad de control previo, que por definición «se ejerce antes de que se adopten las decisiones administrativas y concluyan los procesos que luego (como lo reconoce la propia norma) también serán objeto de control posterior».
 

La norma fue demandada por la abogada Marcela Monroy, exesposa del magistrado Mauricio González. Monroy indicó en su recurso que la función de advertencia vulnera la prohibición que tiene la Contraloría de desempeñar funciones administrativas, pues podrían interferir en la toma de decisiones de administrativas de las entidades que estén sometidas a su control.

«Tras examinar los antecedentes del modelo de control fiscal previsto en la Carta Constitucional, la Sala concluyó que, en razón de los inconvenientes generados por las facultades de control previo que antes de la reforma constitucional de 1991 se atribuían a la Contraloría, el constituyente optó por establecer que el control fiscal a cargo de dicha entidad tuviera carácter posterior y reiteró la prohibición de coadministración»

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