«La salud no puede ser un negocio para lucrar a unos pocos»

Un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional, a los organismos de control y a las entidades prestadoras de salud hizo este jueves la Corte Constitucional, al aseverar que aun no le otorgan la debida importancia al derecho a la salud, tanto que la sociedad colombiana se pueda catalogar  hoy de “enferma”.

“La salud no puede ser un negocio para lucrar a unos pocos. La actividad de los mercaderes de la salud va en detrimento del derecho fundamental de niños y niñas, de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad, de discapacitados, de indígenas, de negritudes; y, en últimas, de la sociedad en general”, dijo el magistrado Jorge Iván Palacio.

En la apertura de la audiencia de seguimiento a la sentencia T- 760 de 2008, en la que dispuso que se garantizara de manera eficiente el derecho fundamental de los ciudadanos a la salud, la Corte señaló que las medidas tomadas hasta ahora por los órganos legislativo y ejecutivo, solo han constituido “incipientes  esfuerzos” que no tienen mayor impacto, por lo que distan de superar la problemática del sistema.

Señaló la Corte que el mismo Gobierno, al declarar la emergencia social en salud en el año 2009, evidenció la crisis que se cierne sobre el sistema de salud en temas como diseño y organización, situación de corrupción y abuso e ineficiencia administrativa.

Señaló que además falta constatar la idoneidad de la actualización del POS, establecer claramente qué EPS y con qué frecuencia niega la prestación de servicios de salud y verificar la hechura del ránking de EPS.

La Corte señaló que no se comprende cómo aún sigue existiendo discusión sobre la naturaleza de los recursos del sistema de salud como públicos; por qué se siguen negando servicios de salud a niños y niñas, si ya se equipararon los planes obligatorios de salud, ni “que los recursos del sistema aún continúen siendo dirigidos y utilizados para fines totalmente ajenos a la prestación efectiva del derecho fundamental”.

La Corte dijo que tampoco entiende que “se presente evasión en los aportes; que los entes gubernamentales no hayan expedido las regulaciones indispensables y necesarias para el manejo del sistema; que la UPC no esté ajustada a la realidad; que se siga presentando multiafiliación; que existan recobros no pagados por el Fosyga; entre  otras irregularidades». COLPRENSA

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