Por su presunta responsabilidad en el desacato de un fallo sobre el nombramiento de directores, la Corte Constitucional le solicitó a la Procuraduría General que investigue las presuntas omisiones en las que pudo haber incurrido la contralora General, Sandra Morelli.
La investigación busca determinar si se presentaron irregularidades en la ejecución del fallo que hacía referencia a la ley estatutaria para la contratación de funcionarios de libre nombramiento y remoción. La denuncia fue interpuesta por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos.
“Ha omitido el cumplimiento de este fallo de designar mediante el sistema de concurso para la vinculación a la carrera administrativa dentro de la Contraloría General cerca de 30 funcionarios designados para el cargo de directores de vigilancia fiscal”, precisó Bustos.