La plenaria del Senado discutirá desde este miércoles si aprueba o no la creación de una nueva comisión de acusaciones, denominada de Aforados, conformada por nueve juristas, que reemplace a la actual y que sólo tendría como función realizar una investigación preliminar a el presidente de la República, vicepresidente, fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes .
La idea es que la nueva comisión la integren juristas de alta reputación, preferencialmente exmagistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema Justicia y Consejo de Estado o profesores eméritos de universidades públicas o privadas o profesionales del derecho que hubieran ejercido la profesión por más de 30 años.
La Comisión de Aforados sería elegida así: cinco por la Cámara de representantes y 4 por el Senado para un período de cuatro años, dentro de los 30 días siguientes a la instalación del Ciongreso elegido para un período constitucional y no serán reelegibles.
Su funciópn será la de establecer si hay o no mérito para acusar ante el Senado y así lo informará a la plenaria dela Cámara.
La propuesta está incluida en el articulado de la reforma a la justicia, el cual ya tiene su ponencia radicada para el sexto debate y deberá ser votada a mas tardar el jueves de esta semana.
De acuerdo a los ponentes de la iniciativa (Jesús Ignacio García, Luis Fernando Velasco, Juan Carlos Vélez y Eduardo Enríquez) , esta nueva comisión deberá –si es aprobada su creación- evaluar los fundamentos en que sustentan las investigaciones a estos aforados, para entregar a la plenaria de la Cámara la recomendación de si dan trámite a un juicio político, más no penal.
Según el senador García, la investigación judicial correspondería a la Corte Suprema, mientras que el Congreso sólo podría ordenar una suspensión del aforado por consideraciones de indignidad.
En ese orden de ideas, si presentaran alguna denuncia contra el presidente de la República, esa nueva comisión evaluaría y con base en su estudio le entregaría el caso a la plenaria de la Cámara, para que esa instancia escuchara al jefe del Estado.
Si tras esa defensa del mandatario la Cámara considerara que sí cometió alguna situación de indignidad, ordenará el trámite del caso a la plenaria del Senado, la cual definiría si debe ser sancionado, pero en lo político. Si hay un delito judicial, ese sólo sería investigado por la Corte Suprema.
Legislar sin impedimentos
Los nuevos cambios a la reforma Justicia establece que los congresistas investigados por parapolítica, pérdidas de investidura, estupefaciente, entre otros, podrían participar en la aprobación de los proyectos de ley con los que se reglamentará las disposiciones de esta reforma.
El artículo 30 de la ponencia, que se incluyó como transitorio, indica que «no existirá conflicto de intereses cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de ley que desarrollen el presente acto legislativo».
Esto significa que los procesados o quienes estén investigados por pérdidas de investidura podrán votar y hacer proposiciones sobre los proyectos de ley necesarios para desarrollar la reforma de la Justicia.
La siguiente es la ponencia que se iniciará a estudiar mañana: