Por: Oscar Montes
Cuando se pensaba que la reforma a la Justicia se encontraba moribunda por cuenta de la falta de respaldo de las altas cortes, una reunión el pasado jueves en la Casa de Nariño entre el presidente Juan Manuel Santos y algunos ministros de su gabinete con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado no solo revivió la iniciativa, sino que terminó dándole sepultura al Consejo Superior de la Judicatura, el alto tribunal que mayores críticas venía recibiendo en los últimos meses por cuenta del llamado ‘carrusel de pensiones’.
Durante la reunión en Palacio, tanto Santos como los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado acordaron que no solo la Sala Disciplinaria, sino también la Administrativa desaparecerían, para dar origen a otro tribunal que saldrá de la nueva reforma.
La desaparición de la Sala Disciplinaria no causó mayores sorpresas, puesto que su evidente politización la había puesto en el ojo del huracán, hasta el punto de que sobre ella recae buena parte del desprestigio que hoy tiene el Consejo Superior de la Judicatura.
En cambio hay consenso acerca de los índices de eficiencia que venía mostrando la Sala Administrativa. No obstante, tanto Gobierno como magistrados acordaron acabar con todo el Consejo Superior de la Judicatura, que se había convertido en un punto de honor para el Gobierno, tal y como en varias oportunidades lo expresó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura se convierte en el primer alto tribunal de los que fueron creados con la Constitución de 1991 que desaparece. ¿Qué llevó a la Sala Disciplinaria al nivel de desprestigio que tiene en la actualidad? ¿Qué implicaciones tiene para la administración de Justicia la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura? ¿Qué sigue para la Rama Judicial?
Sala Disciplinaria: la oveja negra
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –que se ocupa de la investigación y juzgamiento disciplinario de todos los fiscales, jueces, magistrados de tribunales y abogados litigantes del país– terminó convertida por fuerza de sus propias decisiones en el hoyo negro que simboliza toda la politiquería, la corrupción y la falta de rigor jurídico de esa corporación judicial, que se supone debe ser órgano de cierre de su respectiva jurisdicción.
Escándalos tan vergonzosos y tan absolutamente onerosos para el Presupuesto Nacional –como el ‘carrusel de pensiones’, o el más recientemente destapado por el fiscal general Eduardo Montealegre sobre la falsificación de actas de nombramiento de magistrados de tribunales– son solo expresiones de una situación estructural cuyo único propósito era el cumplir mandados para amedrentar a la Rama Judicial o para demostrar una afrentosa condición de imbatibilidad.
Ver el pasado jueves a magistrados de dicha Sala ‘lagartear’ una cita con congresistas para tratar de salvar a la Corporación solo sirvió para reafirmar la convicción que había de la conveniencia de su desaparición. Fue así como cavaron la fosa en la que hoy se encuentra esa Corporación, cuya existencia solo es reclamada por quienes se beneficiaron con sus decisiones abiertamente inmorales.
Nadie en la comunidad jurídica nacional lamentará la desaparición de ese alto tribunal de la Rama Judicial que se ganó, a pulso y con una perseverancia digna de mejores causas, la mala fama que hoy la rodea. De manera que la desaparición de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no solo era justa, sino, sobre todo, necesaria.
La debacle de la Sala Disciplinaria: de juristas a politiqueros
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura nació con la Constitución de 1991 como un verdadero poder moral, cuya función no era otra que la de velar por el ejercicio del Derecho bajo los principios de la transparencia y la ética.
La primera Sala estuvo integrada por juristas de las más altas calidades, como Jaime Giraldo Ángel y Álvaro Echeverry Uruburu, entre otros, quienes gozaron y siguen gozando del prestigio que labraron en su ejercicio profesional. Las salas siguientes mantuvieron una línea de conducta que podría calificarse como de intachable.
Pero la debacle comenzó con las necesidades políticas de Álvaro Uribe Vélez, quien terminó entregándoles la conformación de esa institución a los directorios políticos, como moneda de cambio para su gobernabilidad, luego de declararle la guerra a la Corte Suprema de Justicia.
Fue entonces cuando llegaron a la Corporación personajes cuyos nombres eran más afines con el mundo de la politiquería que con el de los códigos y las normas jurídicas, como Ovidio Claros y Angelino Lizcano, entre otros. El cambio de perfil de jurídico a político es achacable única y exclusivamente a Álvaro Uribe Vélez, quien no podrá negar que fue la persona que llevó a Claros a ese tribunal al incluirlo en una de las ternas para suplir una vacante, aunque después se haya mostrado sorprendido cuando el magistrado se vio envuelto en un escándalo por una demanda por no pagarles alimentos a sus hijos.
El nombre de Ovidio Claros terminó por darle la nueva identidad a una sala que había sido en sus comienzos un ejemplo de idoneidad y transparencia en sus fallos. Era apenas obvio y natural que con semejante perfil, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura terminara deteriorándose en su contenido moral y acabara convertida en poco menos que en el bufón de la Rama.
Pagando los platos rotos
Es lamentable que por cuenta de la mala conducta de la Sala Disciplinaria, la reforma a la Justicia termine llevándose de calle a la Sala que significó la terminación de una larga y vieja lucha de la Rama Judicial por obtener autonomía presupuestal y administrativa.
Por ello resulta frustrante que magistrados de las altas cortes se reúnan con el presidente Juan Manuel Santos y con representantes de los otros poderes, para entregarles en bandeja de plata, y a cambio de ‘canonjías personales’ la independencia de la Rama Judicial.
A pesar de la mala prensa que han tratado de hacerle, la Sala Administrativa tiene índices de gestión que justifican plenamente su existencia. Su desaparición significa un retroceso de por lo menos 20 años en la independencia y autonomía de la Rama Judicial, y significa también el regreso a aquellas épocas en que los jueces del país tenían que andar detrás del gerente del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, mendigándole una máquina de escribir, unas resmas de papel y unos lápices para poder cumplir a cabalidad con sus funciones.
Paradójicamente terminó siendo un presidente de origen liberal quien se encargó de sepultar a un organismo que simboliza la independencia de la Rama Judicial y que alcanzó destacados niveles de eficiencia.
Magistrados, con períodos de 12 años
La disminución del nivel moral al que ha llegado el país queda patente en las informaciones que dan cuenta de que los magistrados de la Corte Suprema habrían aceptado volver a la mesa para continuar concertando con el Gobierno la reforma a la Justicia a cambio de la extensión de sus períodos de 8 a 12 años y de su edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. No resiste ningún análisis el hecho de que la negociación de dichas gabelas la hagan magistrados que hoy están en ejercicio de sus cargos y a punto de que se les venzan sus períodos constitucionales, o están a pocos meses de llegar a su edad de retiro.
Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino, Sigifredo Espinosa (el mismo que visitó al presidente Uribe para entregarle una hoja de vida de una familiar y recomedársela para un nombramiento) y Julio Socha son algunos de los beneficiados con la ampliación de sus períodos.
Es inmoral que quienes no dudaron en calificar como una ‘perversión moral’ la modificación de la Constitución para favorecer la reelección de Álvaro Uribe, sean los mismos que acaban de entregar la independencia de la Rama a cambio de la eternización en sus cargos. ¿Por qué razón la reelección de Uribe era mala, pero no lo es el hecho de que ellos puedan ampliar su período por 12 años? A diferencia de Uribe, ellos no se van a someter al veredicto de las urnas. Y eso es peor.
Por Óscar Montes
@leydelmontes