El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró este lunes la conexidad no sólo del narcotráfico, sino también el secuestro y la extorsión, con el delito político, porque las Farc han utilizado estos medios ilícito para financiar su lucha armada.
“Indudablemente el narcotráfico es un delito que ha estado conectado con el delito político frente a las actividades de las Farc”, dijo Montealegre, quien añadió que en la misma línea están el secuestro y la extorsión.
“Puede existir conexidad entre el narcotráfico y el delito político, entre una grave violación de los Derechos Humanos y el delito político, entre una extorsión y el delito político”, declaró el Montealegre en entrevista para los colegas de Blu radio.
No obstante, el fiscal advirtió que “sería necesario entrar a determinar si existe una relación instrumental entre el delito común y el delito político, es decir, que el delito común haya sido utilizado como medio para la realización del delito político o para ocultar el delito político”.
Se le preguntó: ¿secuestro y extorsión, utilizados para financiar la guerra, son conexos? y respondió:
“Desde luego, hay conexidad entre el narcotráfico y el delito político, también puede existir conexidad entre el secuestro y la extorsión con el delito político. Lo que hay que mirar, establecida la conexidad, es cuales son los tratamientos jurídicos que se le pueden dar al delito conexo”.
De otro lado, el Fiscal General sostuvo que la justicia transicional no impedirá extradición por narcotráfico.
En primer lugar, afirmó que “la decisión sobre extradición de un colombiano hacia el exterior es, en últimas, una decisión potestativa del presidente de la República” y en segunda instancia, dijo, “durante el proceso de justicia transicional los Estados Unidos seguirán enviando sus solicitudes de extradición”.
Por ello señaló que cree “que la justicia transicional nuestra no va a parar la actividad investigativa de los Estados Unidos por narcotráfico porque lo que nosotros acordemos no puede paralizar la actividad de la justicia norteamericana”.
Sin embargo, dijo que existe la posibilidad de que miembros de la guerrilla vinculados a actividades de narcotráfico que sean solicitados en extradición, si están en el marco de la justicia transicional, no serían extraditados pues el primer mandatario tomaría esta decisión teniendo en cuenta el cumplimiento de “una serie de condiciones como la desmovilización, el desmonto de estructuras mafiosas y desarticulación de todos los elementos vinculados al narcotráfico, además del cese de reclutamiento infantil”, pues esto “debería ser una de las garantías de seguridad jurídica que debería brindar el proceso de justicia transicional para la guerrilla”.