Achantados, apaleados y resignados. Así están hoy los magistrados de la sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que esta mañana todavía adelantaban contactos en el Congreso para que los honorables padres de la patria mantuvieran viva la sala en la reforma a la justicia.
Lo que ellos no calculaban es que a pocos metros del Capitolio se cocinaba un fulminante brebaje que acabaría de una vez por todas con la que muchos consideran la vergüenza de la rama.
Una corporación dividida en dos salas diametralmente opuestas. Y no es porque así lo establece la Constitución, sino por la batalla campal que protagonizaron a comienzos de año – y que se mantiene- el presidente de la sala Administrativa, Néstor Raúl Correa, y el de la Disciplinaria, Henry Villarraga.
El motivo de la disputa el país lo sabe. La persistencia de Villarraga, el tolimense, por hacer nombramientos en los consejos seccionales, favoreciendo una rosca privilegiada, pasando por encima de los derechos de cientos de funcionarios, quienes desde hace años hacen cola para tener un ascensos en la carrera judicial.
Pero como el cuento, de donde menos lo esperaban saltó la liebre. El Fiscal General, Eduardo Montealegre, al mejor estilo de los magos sacó de debajo del sombrero una denuncia demoledora y letal relacionada con la presunta falsificación de documentos para el nombramiento de magistrados.
La noticia corrió como pólvora. En los pasillos del Congreso era el tema de conversación. En un segundo los extras informativos echaron por tierra la esperanza del Vicepresidente del Consejo Superior, Jorge Armando Otálora, de lograr un apoyo para la corporación.
Hasta ese momento el magistrado estaba confiado de que lograría darle vuelta al ambiente de hostilidad para conseguir de una vez por todas la bendición que necesitaba en la reforma judicial la sala Disciplinaria, de la que él hace parte, junto con otros 6 juristas.
Con la noticia también quedaba confirmada su sospecha de que algo estaba pasando. El Consejo Superior era el único excluido de la cumbre en la Casa de Nariño entre el Presidente Juan Manuel Santos, su ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, los presidentes del Consejo de Estado, Gustavo Gómez; de la Corte Suprema, Javier Zapata; el Fiscal General, Eduardo Montealegre; de los nuevos ministros de Vivienda, Germán Vargas Lleras; del Interior, Federico Renjifo; el nuevo Secretario General, Juan Mesa, y congresistas de todas las bancadas vinculados con la reforma.
Con cara de pocos amigos el magistrado Otálora rápidamente abandonó el Congreso. A su salida la vista era la de un Palacio de Justicia que a sus ojos se desmoronaba. Era un hecho. Los enemigos del Consejo Superior habían ganado.
El reloj marcaba el medio día y para esa hora que se supone de calma por ser de almuerzo, el ala norte del Palacio de Justicia, la que queda sobre la carrera octava con calle doce, estaba convulsionada.
Mientras en los despachos los magistrados a voz en cuello condenaban lo que ellos llaman «la más feroz persecusión contra una corporación judicial¨, en las oficinas, las secretarías, las cocinas y los parqueaderos los funcionarios apenas si entendían lo que estaba pasando.
«Otro escándalo de corrupción», decía uno. «Pero no es por el carrusel de pensiones», respondía otro. «Más grave, aún» acotó un valiente «parece que falsificaban las actas de sala para nombrar a los amigos», sentenció con voz entrecortada, al tiempo que movía sus manos en señal de miedo.
A esa misma hora una segunda avanzada de magistrados de la sala Disciplinaria intentaba infructuosamente conseguir una cita con los ponentes de la reforma a la justicia o con los voceros de los partidos en el Congreso. O de verdad no estaban o el anuncio del fiscal los había asustado y era mejor prevenir que lamentar.
Quien llamara a los despachos de los magistrados Angelino Lizcano, presidente de la Disciplinaria, y María Mercedes López iba a tener la misma respuesta. «El doctor no está y yo creo que se demora porque está en el Congreso».
En su oficina la magistrada Julia Emma Garzón intentaba concentrarse en los procesos que tiene para fallo. Pese al esfuerzo no lo lograba porque su celular no dejaba de replicar. Amigos y familiares y periodistas querían saber si ya se había enterado de las denuncias del fiscal a lo que ella respondía en un tono pausado: «hay que esperar en qué termina la investigación, pero hasta ahora son presuntas irregularidades porque no coinciden los borradores con las actas de nombramiento».
A su turno el también magistrado Ovidio Claros, quien fue congresista y sabe cómo se hacen las cosas en política y el verdadero alcance de la declaración del ministro Esguerra sobre las «coincidencias» con el proyecto de reforma a la justicia que elimina de una vez por todas el desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura, parecía aceptar en silencio la derrota.
Una y otra vez intentaba entender las explicaciones que la Secretaria Judicial de la sala, Yira Lucía Olarte Ávila, le había dado sobre lo que el fiscal llamó falsificaciones de actas. Según ella fueron errores que la secretaria corrigió. Repitió unos nombres, pero después lo «enmendó». Cómo?, eso es lo que todavía no entienden Claros y varios de sus colegas.
De nada servía, ni siquiera para la historia, que hubiera sido la propia Sala Disciplinaria la que hubiera descubierto semanas atrás las presuntas falsedades. Y menos que hubiera delegado a los magistrados Lizcano y López para que elaboraran un informe y establecieran si existía un propósito doloso al rededor de las irregularidades descubiertas en las actas, pues de ser así tendrían que denunciar a la fiscalía la presunta falsedad.
Y es que el desprestigio persigue al Consejo Superior hasta en sus últimos días, al punto que como al pastorcito mentiroso nadie les cree. Las presuntas falsedades, que ya investiga una comisión especial de la fiscalía, están relacionadas con los nombramientos de los reemplazos de dos magistrados suspendidos en fallos que en su momento fueron polémicos.
Uno esta relacionado con la suspensión por un año de un magistrado del Consejo Seccional de Cundinamarca por supuesta negligencia, lo que habría permitido la prescripción de 30 procesos. Él dice que fue una retaliación por no atender las indicaciones de sus superiores, los magistrados del Consejo Superior, para fallar en contra del abogado del esposo de la entonces congresista Lucero Cortes.
El otro proceso está relacionado con la sanción de un mes impuesta a un magistrado del Consejo Seccional del Atlántico denunciado por no resolver un impedimento en un proceso donde fueron sancionados varios jueces que ayudaron a desangrar a Foncolpuertos.
Aunque esas decisiones fueron del año 2008 y la gran mayoría de los magistrados que fallaron ya no hacen parte de ese tribunal, los recién descubiertos «errores» de la Secretaría Judicial terminaron por convertirse en la gota que rebasó la copa. (www.verdadypoder.com)