Por Gloria Zamora Patiño
Aunque pueden enunciarse algunos factores que expliquen la lentitud en los procesos de restitución de tierras a las víctimas en medio del conflicto armado en el país, lo cierto es que el informe de Amnistía Internacional rendido en los últimos días, está lleno de verdades que el gobierno nacional debe reconocer y ante las cuales debe actuar con prontitud so pena de ver cumplidos los 10 años que establece la ley con resultados irrisorios.
Dicho informe sostiene, como se ha hecho desde distintas organizaciones y voces autorizadas en el país, que existen graves fallos que pasan por la falta de garantías para el retorno de muchas comunidades en condiciones de seguridad, por la ausencia de una justicia pronta y accesible a las víctimas y por la ineficiencia en el logro de resultados cuando ya se cumplen tres años de la aprobación de las normas que regulan este tema.
Con cifras que a nuestro parecer no han sido refutadas con peso por parte de los funcionarios del gobierno, el organismo internacional asegura que hasta agosto pasado, la Fiscalía General investiga al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso, mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian que los asesinatos se elevan al doble de esta cifra y que las amenazas persisten y se intensifican.
Señala el informe que “Los diversos actores colombianos han mostrado un apetito insaciable por lograr y mantener el control sobre unas tierras que consideran fundamentales para sus diversos intereses. Entre esos actores se encuentran las fuerzas de seguridad y los paramilitares (actuando solos o en connivencia mutua), los grupos guerrilleros, algunas élites políticas y empresariales de las distintas regiones, los narcotraficantes y otras asociaciones delictivas”
Cuando se ha establecido que son cerca de ocho millones el número de hectáreas despojadas a casi seis millones de personas, voceros del Gobierno afirman que en tres años se han devuelto más de 84.516 has, y el organismo internacional asegura que la mayoría de los casos de restitución de tierras resueltos corresponden a familias que ya habían retornado buscando más la formalización sobre las tierras que ocupaban, que la restitución de que habla la ley de víctimas. En el caso de comunidades y pueblos indígenas una sola sentencia se ha proferido restituyendo 50.000 hectáreas a un solo pueblo indígena.
Cuestionan, como lo han hecho voces conocedoras del tema, la denominada ‘microfocalización’, que otorga al Ministerio de Defensa la decisión sobre los lugares donde se puede hacer restitución, haciendo este proceso lento y engorroso, sin que pueda verse cómo en los siete años que restan a la ley se pueda cumplir con los objetivos señalados.
Ya es hora de que dejemos de ufanarnos de ser un país que sacó adelante una legislación reconocedora de los derechos a la reparación integral y restitución de las tierras usurpadas por los actores armados del conflicto y por los actores con poder económico y político que se aseguraron con el apoyo de los armados de expandirlo, para pasar al terreno de las realizaciones y de la eficacia y eficiencia en la implementación de estas normas.
Lo primero es cierto pero es imperativo pensar en medidas de urgencia que permitan superar las barreras existentes. No es la primera voz que se levanta reclamando la agilización y simplificación de los procesos de restitución de tierras. El mismo Presidente Santos debió admitirlo en el mes de abril pasado, cuando se comprometió a la presentación de un proyecto de ley para dar celeridad a estos procesos en favor de las víctimas del despojo y el abandono forzado de sus tierras. Sería deseable que esta medida tenga carácter de urgencia para la nación y que en el Congreso de la República las distintas fuerzas políticas concreten su cacareado compromiso con las víctimas, y asuman realmente su responsabilidad en el monitoreo y la implementación eficaz de las normas que protegen los derechos de las víctimas y los correctivos que se requieran a tiempo.