Bogotá, 26 de Noviembre ¬_RAM_ Crece el debate acerca de los costos que tendrá el posconflicto y el esfuerzo económico que implicará. Es evidente que una de las grandes preocupaciones que está presente en el análisis de economistas, políticos y del público en general es cómo se van a financiar todas las actividades que implicará el desmonte, el desarme y la reinserción de todos los que actualmente se encuentran alzados en armas contra el Estado colombiano.
La Universidad de la Salle fiel a su compromiso como agente constructor de paz y comprometida con trabajar de cara al posconflicto ha organizado diversos foros con la participación de expertos que han expresado sus ideas acerca de los compromisos que se vienen para Colombia en materia económica.
En ese contexto, Kishore Gawande de la Escuela de Administración de la Universidad de Texas y Gustavo Hernández de la Dirección de Planeación Nacional han venido analizando la relación entre crecimiento económico y conflicto armado. A pesar de ser trabajos desarrollados de manera separada, los dos revelan elementos en común que merecen ser compartidos con la opinión pública.
“En primer lugar, en los casos de conflicto interno en países emergentes, Gawande plantea que hay por lo general un problema de búsqueda de rentas asociada a materias primas que él ha documentado para zonas conflictivas como la frontera entre India y Pakistan. En el caso de Colombia esto se evidencia en la fuerza que tienen los grupos armados en regiones donde hay extracción de petróleo”, explica Cesar Augusto Corredor Velandia, Director Programa de Economía de la Universidad de La Salle.
En segundo lugar, Gawande plantea la importancia que tiene el papel del Estado como articulador y regulador de las relaciones que se dan entre los agentes que se van a desmovilizar y el resto de la sociedad. En este punto hay costos políticos que el Gobierno colombiano ha venido asumiendo y es loable que lo haga. Lo único que queda es persistir porque sin esa condición de la articulación del estado el fin del conflicto es un imposible. Incluso, se requiere un mantra que consiste en resistir, resistir y resistir.
En tercer lugar esa resistencia tiene un objetivo y es el fortalecimiento y el reconocimiento de las instituciones como condición necesaria para el crecimiento. El conflicto afecta de forma importante este principio básico de convivencia y de seguridad para crecer, como también lo hace la corrupción, el desorden administrativo o la falta de justicia.
Sin embargo, Gawande señala que este es el principal efecto de lograr acabar con el conflicto armado porque la reconstrucción del Estado y la recuperación de su legitimidad generan un impacto tan grande sobre el comportamiento de la economía que ese efecto positivo, enorme, y permanente es mucho más grande que los costos mencionados previamente.
“A las conclusiones de Gawande es necesario agregar las de Gustavo Hernández y otros investigadores de la Dirección de Planeación Nacional quienes utilizan diferentes mediciones para determinar el impacto que tiene el conflicto armado sobre el crecimiento de la economía colombiana. Lo hacen contabilizando el efecto del conflicto sobre la productividad y la acumulación de factores. Según los métodos econométricos y el modelo de equilibrio general utilizados, la economía colombiana podría crecer del orden de 1.8 puntos porcentuales adicionales a su promedio actual que refleja su producto potencial, es decir, que en lugar de crecer 4.5%, podría crecer algo más de 6%. Un porcentaje mucho más acorde con la aspiración de reducir el desempleo, incrementar el bienestar y la equidad en el país”, asegura Corredor.
Según Hernández esto sería equivalente a los recursos que se necesitan para construir medio metro de Bogotá anualmente, reducir la pobreza en 5 puntos porcentuales, incrementar la tasa de inversión del actual 29% a 32%, también representa tres veces lo que se requiere para financiar el programa de asistencia Familias en Acción y triplicaría el presupuesto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
En conclusión, los dos expertos señalan que los esfuerzos políticos del Gobierno en torno al tema de la paz han sido enormes y que según las cifras está demostrado que los beneficios serán mucho mayores. Con lo anterior, nadie está diciendo que los costos sean bajos, pero en una relación costo- beneficio, está claro que los segundos crecen exponencialmente. Y aunque sea imposible garantizar los resultados de las negociaciones en La Habana, lo que está claro es que es una esperanza que no se puede dejar pasar una vez más.