Bogotá, 25 de Noviembre ¬_RAM_ Una serie de irregularidades en las distintas actuaciones administrativas distritales denunció el Concejal Julio Cesar Acosta y Roberto Hinestrosa Rey del Partido Cambio Radical.
Para el cabildante Acosta los focos de corrupción no son nuevos, han estado presentes desde antes y “la actual Administración o no quiere hacer frente a estas o no ha podido establecerlos con claridad”, advirtió
Igualmente dijo que existe una clara falta de control, vigilancia y seguimiento por parte de las distintas Secretarias Distritales y persiste falta de articulación entre las diferentes entidades distritales, “esta Administración, electa por su discurso en contra de la corrupción, ha sido paquidérmica en esta lucha y se ha hecho la de la vista gorda ante estas situaciones”, denunció Julio Cesar Acosta.
Por su parte el primer vicepresidente del Concejo de Bogotá, Roberto Hinestrosa, también, denunció serias anomalías en la contratación del Distrito, exactamente en la Secretaría de Educación y en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD.
Hinestrosa Rey dijo que la Secretaría de Educación adjudicó un contrato para la adecuación de 190 jardines infantiles por valor de $10.755.811.470), para la adquisición e instalación de 88 aulas, cinco baños y ocho ludotecas, por un plazo inicial de 4 meses. Sin embargo, la Secretaría no entregó los espacios en los que debían ser instaladas las aulas y el contrato ha tenido tres prórrogas, extendiéndose de 4 a 12 meses de ejecución.
“De manera ilegal y violando toda la normatividad de contratación, la Administración modificó unilateralmente las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones establecidos en la subasta, en la que, curiosamente, solo hubo un proponente”, afirmó.
Así mismo, el Concejal Roberto Hinestrosa denunció que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) suscribió un convenio de cooperación para tercerizar la adquisición de elementos deportivos, con la Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA, por $6.587.592.264, violando de manera flagrante la ley de contratación pública al no haberse realizado una licitación o un proceso público de selección.