En su columna de la revista Semana, el periodista Daniel Coronell señala que Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, habría recibido un lote de manos del empresario Julio Gómez, uno de los mayores implicados en el denominado carrusel de la contratación.
El lote, en el que la constructora Praga Servicios Inmobiliarios (de la que son accionistas dos cuñados y dos concuñados del alcalde) desarrolla el proyecto Torres San Marino, habría sido entregado por Gómez a petición de los hermanos Nule para saldar una deuda con Gutiérrez Robayo.
Para el concejal Juan Carlos Flórez, “las denuncias evidencian un hecho de inmensa gravedad: hasta qué punto existió una relación de familia política de Petro y del propio alcalde con los hermanos Nule”.
Considera que la polémica por el desarrollo de una urbanización en la Conejera, a cargo de la familia de la esposa del alcalde, y el caso del lote en la carrera novena con calle 127 demuestran “que los líos, enredos y negociados de la familia de su esposa, van a enredar a Petro, que no tuvo valentía y condición de estadista para establecer una línea infranqueable que no se pudiese sobrepasar los intereses de su familia (…) eso terminará oscureciendo y llenado de sospecha su gestión”.
En tanto, William Moreno, concejal del partido Progresistas, enfatizó en que al alcalde “le está resultando muy costoso los temas y el negocio de su familia; no resulta menos que preocupante que Carlos Gutiérrez, antiguo financiador de la carrera política de Petro, esté en el corazón de todos estos temas”.
Consideró que “el alcalde ha tratado de dar explicaciones al decir que es su familia quien aparece en los negocios (…) hasta donde hay información, él ni está involucrado ni ha sido beneficiado”.
No obstante, apuntó que Petro “tiene una obligación ético-política con la que debe tomar distancia e impedirse en los temas en que está involucrados su familia”.
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