El fallo le ordenó a la E.P.S del Régimen Subsidiado Mutual Ser prestarle a la adolescente y a su hijo por nacer todos los servicios médicos especializados requieran en una institución de salud de alta complejidad, sin que ello esté limitado por el POS.
El tribunal le ordenó asimismo al Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar desplegar las diligencias que sean necesarias a efectos de ejercer un especial seguimiento al caso de la adolescente y verificar las denuncias sobre los efectos que adversos que al parecer tuvo la vacunación contra el VPH.
En la intervención del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, no solo se solicitó que se le reconociera a la adolescente embarazada su derecho a una atención integral en salud como sujeto de especial protección constitucional, sino que además se solicitó como medida preventiva especial que se ordenara a las entidades accionadas suspender la aplicación de la vacuna a la menor afectada, hasta que se verifique el cumplimiento de los protocolos y demás procedimientos que garanticen el control epidemiológico adecuado para los eventos atribuibles a la vacunación.
Inmediatamente se dieron a conocer las medidas emitidas por el Tribunal Superior de Cartagena, este organismo de control requirió mediante oficios a la E.P.S. del Régimen Subsidiado Mutual Ser, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Secretaría de Salud de Bolívar, para que cumplan con la orden impartida respecto del traslado de la adolescente a una institución de alta complejidad.
Seguimiento de la Procuraduría a situación de menores de edad posiblemente afectadas por la vacuna contra el VPH
Mediante una Política Pública en Salud concretada mediante la Ley 1626 del 30 de 2013, el Gobierno Nacional comenzó a garantizar la vacunación gratuita de niñas entre los 9 y 12 años de edad contra el Virus del Papiloma Humano en todo el país.
Con ocasión de la grave afectación en la salud reportada por varias menores que habían recibido la vacuna, llegaron a la Procuraduría quejas provenientes de varios municipios, especialmente de Carmen de Bolívar (Bolívar), en las que se solicitó la intervención del Ministerio Público en las acciones judiciales emprendidas con el fin de lograr un esclarecimiento de los hechos y el restablecimiento de la salud de las menores afectadas.
El pasado 29 de septiembre el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, visitó el municipio del Carmen de Bolívar con el propósito de conocer directamente la situación de las niñas y adolescentes que han reportado posibles efectos adversos de la vacunación. Desde allí manifestó que no permitirá que se estigmatice a las pacientes ni a sus familias, y anunció que solicitaría informes científicos internacionales de casos similares a esta problemática de salud pública y social.
La Procuraduría General de la Nación reitera que no se cesará su gestión tanto preventiva como de intervención para que se investiguen las causas de los hechos reportados, y para que las autoridades responsables adelanten oportunamente las gestiones de su competencia para que se garantice la salud integral de las niñas y adolescentes al parecer afectadas por la aplicación de la vacuna contra el VPH.