Un nuevo escándalo se desató en la Cámara de Representantes por cuenta de la contratación en la corporación.
Uno de los funcionarios de la entidad, Samuel Gómez, dio a conocer presuntas irregularidades cometidas por parte de la directora administrativa Gloria Inés Raigoza.
Según él, Raigoza se negó a responder a un derecho de petición sobre el sistema de vínculo laboral con la Cámara de al menos 400 contratistas que firmaron entre el 2 y el 24 de enero del presente año por $6.300 millones.
“Aunque no es una denuncia pues es un derecho de petición, la directora no ha respondido y ha ocultado la información”, dijo.
Gómez indicó que dentro de esos contratos podría existir una nómina paralela toda vez que se pudo haber contratado personal por la modalidad de prestación de servicios, cuando para esas mismas funciones hay personal de carrera administrativa en la Cámara.
“Se hizo una revisión de todos los contratos y se encuentran al menos contratos con posible nómina paralela por $2.000 millones”, señaló. Sin embargo, se declaró a la espera de que la directora suministre la información de todos los contratos en las fechas relacionadas.
Contratistas ¿relacionados con grupos al margen de la ley?
De otro lado, Gómez dijo que al hacer un rastreo de todas las personas contratadas, al parecer tres de ellas podrían estar relacionadas con grupos al margen de la ley.
Aunque prefirió no dar los nombres hasta que se verifique la verdadera situación judicial de estas personas, dijo que hay indicios sobre el tema.
La denuncia de Raigoza a Gómez
Sin embargo, actualmente también está en curso una denuncia penal interpuesta por Raigoza contra Gómez.
De acuerdo a la denuncia, Gómez incumplió como interventor en el contrato de papelería de la Cámara en 2010. El caso hace referencia a un proceso de pago que perdió la corporación por $400 millones.
En su defensa, Gómez dijo que siempre le dijo a la Cámara que la defensa jurídica de la corporación no era la mejor.
EL ESPECTADOR