La Incca responde al Gobierno y dice que no es una universidad de garaje

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En las últimas horas, las directivas de la Universidad Incca de Colombia pidieron abrir el debate sobre la regulación y la autonomía de las universidades, luego de haber sido señalada por el Ministerio de Educación de “supuestas irregularidades”.

Por tal razón, afirmaron que es urgente que el país inicie un debate desde el sector académico, en el cual se puedan redefinir las políticas de ingresos e inversión de las fundaciones universitarias, sus componentes y procedimientos.

Con respecto a la creación de la Superintendencia de Educación Superior, la rectora Carolina Villamizar expresó su apoyo a la iniciativa gubernamental. Así mismo anunció que desde la semana pasada se solicitó un encuentro con la Ministra de Educación, con el fin de darle a conocer de primera mano la información y que ella muestre las pruebas que tiene contra la Universidad. A renglón seguido explicó que se requeriría de la sentencia de un juez de la República para poder poner en tela de juicio y entregar declaraciones que pueden causar “pánico académico” en la comunidad universitaria. “Esto nos parece un asunto muy delicado”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Universidad, María Solita Quijano, enfatizó que la institución NO es una universidad de “garaje” ni nunca lo ha sido, como algunos medios la han calificado. Se refirió a que esta es una institución de educación superior con 60 años de tradición y prestigio, fundada por su padre Jaime Quijano caballero. Agregó que a la fecha la Incca tiene más de 33 mil egresados en sus registros.

Ante las denuncias que el sindicato viene haciendo en los medios de comunicación, las directivas dieron a conocer la queja interpuesta ante el Ministerio de Trabajo porque están “obstaculizando la gestión de la Universidad”. Esta acción interpuesta el 10 de noviembre de 2014 (con número de radicación 195141), señala asimismo que las acciones del sindicato impiden “el normal desarrollo de la relación entre directivos y alumnos de la institución educativa”. De igual modo, porque “produce confusión en la denominada comunidad educativa conformada por trabajadores administrativos, docentes y estudiantes, por la permanente descalificación a priori de todas y cada una de las medidas administrativas”.

Las directivas también advirtieron al Ministerio de Trabajo sobre la intensificación de la oposición del sindicato a las políticas institucionales, lo que va en detrimento de la imagen y progreso de la Universidad. La queja deja clara la violación permanente a las normas y doctrina nacionales e internacionales referentes al ejercicio de la libertad sindical, a las que se encuentra sujeto.

Sobre la investigación preliminar de Cordes, el abogado que lleva la defensa, Álvaro Díaz, explicó que corresponde a la anterior administración y que en la actualidad está siendo debidamente atendida y hasta el momento no ha ocasionado ningún tipo de detrimento patrimonial para el centro académico (21 mil millones de pesos).

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