POR: ÓSCAR MONTES @LEYDELMONTES
El asesinato de dos indígenas en el Cauca contradice las palabras de Pablo Catatumbo, quien dijo que las responsabilidades de la guerrilla “no son por la comisión de crímenes de guerra”.
Mientras el presidente Juan Manuel Santos trataba de venderles a seis países europeos las bondades de la negociación con las Farc en La Habana, en el Cauca guerrilleros del sexto frente de esa organización asesinaban a dos representantes de las comunidades indígenas, cuando se oponían a la instalación de una valla con la que los insurgentes pretendían conmemorar el aniversario de la muerte de su comandante alias Alfonso Cano.
Aunque Santos y su comitiva no hicieron referencia al fatal episodio durante su periplo europeo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó el hecho como “inaceptable” y lo mismo hizo el jefe del equipo negociador en La Habana, Humberto de la Calle, quien en un comunicado afirmó que “nada justifica las muertes y el ataque de estos miembros de la comunidad indígena que, inermes, quisieron retirar una pancarta que a todas luces resultaba agresiva y violenta para su comunidad”.
La oposición, por su parte, aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas al proceso de paz y a la falta de compromiso con la misma por parte de las Farc, así como lo que consideran una gira innecesaria e inoficiosa de Santos, pues es evidente que ningún país del mundo se opondrá a que Colombia logre la paz después de cincuenta años de guerra. “Hasta yo lo respaldo”, afirmó de forma socarrona el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria. Por su parte el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo criticó el hecho de que Santos haya salido a “mendigar” ante Europa el respaldo a la negociación con las Farc.
El asesinato de Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiña, integrantes de la comunidad indígena nasa, así como el ataque a Édgar Tumiña, de ese mismo grupo étnico, pasan a engrosar la lista de las graves agresiones de las Farc a la población civil y desmiente de manera categórica las palabras del vocero de las Farc en La Habana, alias Pablo Catatumbo, quien declaró que “nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de Lesa Humanidad”. “Cuando en algunas de nuestras acciones militares –afirmó Catatumbo en un comunicado– se han causado víctimas no combatientes, ello nunca se ha debido a la perpetración de ataques intencionados contra la población civil, sino debido a situaciones imprevisibles en unos casos y también a errores desafortunados en otros”.
Las Farc tendrán que explicarles a los pueblos indígenas del país, así como a la comunidad internacional, si matar a dos integrantes de la etnia nasa, quienes se encontraban indefensos, por el solo hecho de oponerse a la instalación de una valla, es “una situación imprevisible” o “un error desafortunado”. Ni lo uno ni lo otro. La muerte de Coicué y Tumiña obedeció a una retaliación armada violenta y desmedida por parte de miembros de las Farc en contra de varios integrantes del grupo nasa que no quieren que sus territorios se involucren en el conflicto armado, lo que le ha significado, inclusive, enfrentamientos con las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional, como ocurrió durante el desarrollo de la minga indígena en 2008, que terminó con la “captura” de varios uniformados por parte de la guardia indígena, que los expulsó de su territorio. Las Farc –que de forma permanente recluta menores indígenas– deben entender que fueron ellas las que violentaron no solo el territorio nasa, sino sus principios y valores que hacen que sus integrantes se mantengan al margen de la guerra. Dichos principios y valores han sido reconocidos por la propia Corte Constitucional, alto tribunal que mediante jurisprudencia no solo los ha destacado, sino que exige su acatamiento por parte de quienes no hacen parte de dicha comunidad.
Crímenes de Lesa Humanidad
Aunque las Farc insisten cínicamente en su posición de víctimas del conflicto armado y no de victimarias del mismo, es evidente que el ataque sistemático y generalizado contra la población civil –como acaba de suceder en Cauca contra la comunidad nasa– constituye delitos de Lesa Humanidad por los cuales ese grupo guerrillero deberá responder, así alias Pablo Catatumbo se refiera a ellos como “situaciones imprevisibles” o “errores desafortunados”.
El ataque a una etnia o a una población determinada, por razones políticas o religiosas, es objeto de duras sanciones, que van mucho más allá de las aspiraciones de las partes por ignorarlas. En el caso de las comunidades indígenas del Cauca, por ejemplo, el sistemático reclutamiento de menores por parte de las Farc también constituye gravísimos delitos que deberán ser reconocidos por los jefes guerrillero y castigados severamente por autoridades competentes. Punto.
Ello nada tiene que ver con que Catatumbo y demás voceros de las Farc quieran o no reconocer su condición de victimarios. Pero, además, deben garantizar los derechos de las víctimas, así como comprometerse a que los hechos violentos contra la población civil –concretamente las agrupaciones indígenas del país– no volverán a cometerse. Lo que no pueden negar Catatumbo y demás jefes de las Farc es que de manera “sistemática y generalizada” atacan a los civiles, mediante la realización de homicidios, secuestros, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Es decir, cometen delitos de Lesa Humanidad.
Comunidades indígenas, blanco fácil de la guerra
El afán de las comunidades indígenas por mantenerse al margen de la guerra les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Hasta las propias Fuerzas Armadas del Estado han debido acatar decisiones de los altos tribunales mediante las cuales las obliga a respetar la voluntad de las comunidades indígenas del país por no ser involucradas en el conflicto armado.
En más de una ocasión se han presentado choques entre el Ejército Nacional y la población indígena –especialmente en Cauca– por el irrespeto a creencias y territorios por parte de los uniformados. Las organizaciones armadas ilegales –como los grupos paramilitares y las Farc– también han atentado contra las comunidades indígenas. En la Sierra Nevada, por ejemplo, los grupos paramilitares realizaron múltiples asesinatos de líderes indígenas que se opusieron a su presencia en sus territorios.
Jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Jorge 40, entre otros, siguen vinculados a procesos por homicidio y desplazamiento de comunidades indígenas. Lo mismo habrá de suceder con los jefes guerrilleros de las Farc, quienes también deberán responder por las acciones cometidas contra comunidades indígenas del país, como de hecho responden alias Karina y alias Martín Sombra, quienes reconocieron haber pertenecido a una organización “macrocriminal” como las Farc.
Gira de Santos: muchas fotos y besos, pero de aquello nada
Realizar una gira de siete días para reunirse con presidentes, reyes y príncipes de seis países con el fin de solicitarles el respaldo al proceso de paz con las Farc, es a todas luces un ejercicio inocuo. Y ello es así, sencillamente, porque no hay nadie en este mundo que se oponga a la paz en Colombia, ni siquiera las Farc, que la sabotean todos los días. De manera que –si ese era el propósito de la gira de Santos por Europa– es evidente que solo bastaban unas cuantas llamadas telefónicas para cumplir esa tarea. Con ello nos habríamos ahorrado unos buenos millones de dólares que buena falta le hacen al ministro Luis Felipe Henao y a la ministra Natalia Abello para seguir construyendo casas y carreteras a lo largo y ancho del país.
Si de lo que se trataba era de conseguir plata para el posconflicto, los hechos demuestran que no solo estamos lejos del mismo, sino que ni siquiera estamos cerca de superar el conflicto, como lo acaba de demostrar el asesinato de los indígenas del Cauca. Pero, además, un presidente de la República no puede pasar el sombrero pidiéndole plata a la comunidad internacional sin saber cuánto dinero necesita. ¿Cincuenta billones de dólares? ¿Cien billones, como dice Roy Barreras? ¿Cuánto cuesta el posconflicto? Esa es la pregunta del millón y nadie en el Gobierno parece tener la respuesta. De todos los presidentes, reyes y príncipes con los que se entrevistó Santos, la única que se metió la mano al bolsillo fue Ángela Merkel de Alemania –que es la única que puede– quien se comprometió con cien millones de euros, cifra que podría resultar simbólica, dada la magnitud de la reconstrucción del país. Balance de la gira: muchas fotos, muchos abrazos y muchas palmaditas en la espalda, pero de aquello nada.
¿Quién convence a las Farc?
Mientras las Farc sigan torpedeando con sus hechos el proceso de paz del que hacen parte, ningún gobierno podrá lograr compromisos concretos y serios por parte de la comunidad internacional, que permitan poner fin al conflicto armado.
Los buenos deseos de Santos se estrellan contra la crueldad de los hechos cometidos por las Farc. Mientras ello sea así su versión criolla del Plan Marshall –ofensiva mundial liderada por Estados Unidos que permitió la reconstrucción de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial– seguirá siendo una quimera. Las Farc tienen que entender que, gracias a sus actos demenciales, como matar indígenas indefensos, es mucho más fácil salir a buscar dinero para combatirlas –como hizo Andrés Pastrana con el Plan Colombia– que salir a buscar recursos para desmovilizarlas. El gobierno de Santos ha dado muestras de una paciencia franciscana, pero todo tiene su límite.
La poca creencia de los colombianos en el éxito de la negociación es cada día mayor, como lo muestran las recientes encuestas. Y todo el desgaste del proceso de paz recae sobre Santos, que es quien más tiene que perder, puesto que las Farc tienen el rechazo de más del 90 por ciento de los colombianos. De manera que son los jefes del grupo guerrillero quienes deben convencerse de las bondades de la paz y de la irracionalidad de la guerra. ¿Será que algún día lo entenderán?