El abogado Jesús Orlando Gómez, quien defiende los intereses del exsenador Iván Moreno Rojas, aseguró que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio validez a testimonios falaces en el juicio que se adelantó contra su cliente por el denominado ‘carrusel de la contratación’.
Para el jurista, el alto tribunal avaló los testimonios de los miembros del Grupo Nule, el subdirector técnico del IDU; Inocencio Meléndez; así como los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, quienes incurrieron en contradicciones durante sus declaraciones bajo la gravedad del juramento.
“Los diferentes sectores lo condenan sin saber lo que en realidad pasó, él ha recibido con mucho dolor y pesar, una sentencia de esa naturaleza es demasiado dura”, precisó el abogado en diálogo con La F.M.
Ante esto manifestó que presentará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puesto que a su defendido se le vulneraron sus derechos. En este punto el abogado manifestó la importancia de una doble instancia judicial.
“Lo más preocupante es la carencia de una segunda instancia, todas las decisiones que se han tomado en el proceso contra el exsenador Moreno Rojas, han sido en única instancia por lo tanto el sistema jurídico colombiano desconoce las garantías que brindan los pactos internaciones sobre derechos humanos”, señaló.
Finalmente aseguró que en el juicio no se pudo demostrar nunca la hipótesis del escrito de acusación sobre las promesas remuneratorias para la entrega de multimillonarios contratos viales en la capital de la República durante la administración de su hermano, Samuel Moreno Rojas.
El excongresista del Polo Democrático se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá desde julio de 2010. Sin embargo, enfatizó el abogado, puede recuperar su libertad en un corte tiempo si cumple una serie de requisitos establecidos en el sistema legal colombiano.
Moreno Rojas fue condenado a 14 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema por los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y concusión.
El excongresista igualmente fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación, mientras que el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura por este hecho de corrupción administrativa.