Por Óscar Montes @leydelmontes
La semana que acaba de pasar fue sacudida por la publicación que hizo la revista Semana de un listado de periodistas cuyas direcciones de correos electrónicos estarían en una base de datos de Inteligencia Militar que alguien tuvo la gentileza de filtrarle a ese medio de comunicación. Los afectados saltaron a las emisoras, periódicos y redes sociales a reclamar por el atentado a su intimidad. Algunos –la minoría- se tomó el asunto con humor, pero la mayoría armó el escándalo y aprovechó la ocasión para ventilar una vez más la supuesta persecución en su contra por parte de organismos del Estado.
En efecto, todos recordaron las ‘chuzadas’ del DAS y los sucesivos escándalos de Andrómeda y el tristemente célebre hacker de la campaña del Centro Democrático en las pasadas elecciones presidenciales, personaje al que la Fiscalía General le ha sabido sacar provecho mediáticamente, mientras ignora otros episodios igualmente graves, como el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que podría quedar en la impunidad puesto que para el organismo investigador no amerita ser considerado un crimen de Lesa Humanidad. Tampoco ha podido encontrar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del joven villanuevero Luis Colmenares, muerto en Bogotá hace ya cuatro años.
Por cuenta del escándalo, el jefe de Inteligencia del Ejército Nacional apresuró sus vacaciones, mientras que el Inspector General de las Fuerzas Militares se enredaba en cuanta entrevista tuvo la mala idea de aceptar. A la hora de entregar este análisis para su publicación, la tormenta amenazaba con cobrarse la cabeza del Jefe de Inteligencia del Ejército y arrasar con las maltrechas relaciones entre el Ejército y la Fiscalía General, en cabeza de Eduardo Montealegre, quien ha hecho de la filtración de documentos a los medios de comunicación una herramienta muy útil para posicionar aquellos temas en los que tiene particular interés.
La Fiscalía General se queja de la falta de colaboración por parte del Ejército a la hora de entregarle información que les permita avanzar en las investigaciones sobre los supuestos seguimientos a periodistas, mientras que oficiales del Ejército están molestos por el “matoneo” al que se ve sometida la institución por parte de Montealegre y sus subalternos. “No se trata de encubrir actuaciones irregulares o ilegales por parte de algunos uniformados, en caso de que así sea: se trata de preservar el buen nombre de una institución”, me dijo un alto oficial del Ejército con quien hablé sobre el mal momento que atraviesan las relaciones entre los uniformados y la Fiscalía General.
El monitoreo de los medios de comunicación por parte de los organismos del Estado, incluyendo –obviamente– a la propia Fiscalía General, que hasta les paga contratos multimillonarios a varios de ellos, es una práctica común en Colombia. Algunos gobiernos, inclusive, han ido más lejos, como ocurrió con Ernesto Samper en tiempos del proceso 8.000, cuando el DAS, en cabeza de Marco Tulio Gutiérrez, pagó a “asesores externos” para que le informaran sobre las actuaciones de los periodistas “enemigos del Gobierno”, entre quienes se encontraban Enrique Santos Calderón, hermano del presidente Juan Manuel Santos Calderón, y sus primos, Rafael y Francisco Santos Calderón.
Una tormenta en un vaso de agua
Intentar hacer de la existencia de un simple listado de direcciones de correos electrónicos de algunos periodistas y de algunos políticos un episodio de ejercicio ilegal de las actividades de inteligencia que el Estado tiene derecho de hacer es, por lo menos, una exageración. Y pretender hacer de ello un escándalo mayúsculo que podría costarle la carrera a altos oficiales del Ejército Nacional en cuya hoja de vida figuran distinciones y logros en la lucha contra la subversión, es no solo una exageración, sino un acto de mala fe. En ningún país del mundo los correos electrónicos de los periodistas son un asunto de Estado. Todo lo contrario: es información pública cuya finalidad es –precisamente- brindarles la posibilidad a los ciudadanos para que interactúen con los comunicadores y les expresen sus inquietudes, o les hagan llegar sus denuncias. ¿Cuántas investigaciones por parte de los medios de comunicación no han nacido a partir de una información recibida en los correos electrónicos de los periodistas? ¿Desde cuándo tener la base de datos de los medios de comunicación colombianos es un delito, hasta el punto de que una de ellas en manos del Ejército Nacional podría costarle cabeza a su jefe de Inteligencia?
Inteligencia, un asunto de fondo
Las actividades de inteligencia de los Estados son absolutamente necesarias y deben desarrollarse conforme a la Constitución y a la Ley. La propia Corte Constitucional así lo ha determinado, casi desde sus primeras sentencias sobre el tema, desde cuando “(…) definió la inteligencia como la recopilación y análisis de información relativa al sostenimiento de la seguridad general que –en todo caso- debe estar circunscrita al respeto de los derechos fundamentales y –por supuesto- al sistema de control de poderes establecidos en la Carta Política. Además, resaltó la naturaleza reservada y orientada a la seguridad nacional y la convivencia ciudadana”. En ese orden de ideas, las actividades de inteligencia no pueden demonizarse, sin afectar directamente la seguridad del Estado, que al final resulta que es la de todos los colombianos. Tampoco puede glorificarse, porque de los abusos de los organismos del Estado está plagada la reciente historia nacional. Casos aberrantes, como los de Jineth Bedoya o Claudia Julieta Duque, o el acoso al que fueron sometidos magistrados de la Corte Suprema, o Daniel Coronell o Hollman Morris o el burdo montaje contra el almirante Gabriel Arango Bacci, son baldones que penden contra los organismos de inteligencia. Tan graves que llevaron a la desaparición del DAS y a la reorganización de todos los organismos de inteligencia del país. No obstante ello, el papel de “perro guardián” que debemos cumplir quienes ejercemos el periodismo no puede llevarnos al extremo de maximizar cualquier actividad de inteligencia como ilegal o ilícita, sin analizar si en realidad constituye un acto reprobable, o lo reprobable es la conducta de quienes –como parte interesada- utilizan a los periodistas como idiotas útiles, o simples correas de transmisión, para cumplir con sus propósitos o generar un hecho político. Ser ciudadano, como pregona Adela Cortina, es un concepto que implica responsabilidad. Y la seguridad es una que nos incumbe a todos.
Militares colombianos asustados
Decía el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari que el problema de sus generales es que no aguantaban un “cañonazo de cincuenta mil dólares”. Me temo que a los generales colombianos les está pasando lo mismo, pero no con los dólares, sino con los periodistas. Muy valientes en el campo de batalla, pero no resisten un “microfonazo”, ni la portada de una revista. En Colombia los militares les tienen más miedo a los “cacaos” de los medios de comunicación que a Romaña o al Bloque Oriental de las Farc. La reacción de los altos mandos de Inteligencia del Ejército frente a las injustas acusaciones por la supuesta base de datos de correos electrónicos habla muy mal de su propia percepción de las tareas que realizan. Cómo así que todos los generales entregando balbuceantes respuestas sobre los hechos y ofreciendo disculpas anticipadas por una actividad no solo perfectamente legal, sino suficientemente autorizada por la Jurisprudencia constitucional. La recopilación de datos personales por los organismos de seguridad y defensa es ajustada a la Carta. Esa información puede ser adquirida por cualquier persona, sin necesidad de autorización alguna para ello. Cualquiera que vea la “bandera” de periódicos y revistas encontrará información sobre cargos y correos electrónicos de los periodistas. En el noticiero CM&, por ejemplo, las notas llevan el nombre del periodista y su correo electrónico. No hay nada más público que esas direcciones. Y tener una base de datos con esas direcciones no puede ser delictivo, si lo autoriza la Ley de Inteligencia (1621 de 2013) y la sentencia de constitucionalidad que aprobó esa Ley Estatutaria.
Los periodistas ‘chuzados’ del 8.000
En tiempos del proceso 8.000, escándalo que se desató por cuenta del ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, los periodistas contradictores del Gobierno fueron objeto de todo tipo de seguimiento por parte del DAS, dirigido por Marco Tulio Gutiérrez. En la lista de periodistas “enemigos del Gobierno”, según reportes de asesores externos contratados por el DAS, figuraban, Enrique Santos Calderón, hermano del actual presidente, Juan Manuel Santos Calderón, así como sus primos Rafael y Francisco ‘Pacho’ Santos Calderón. En la lista del llamado Plan de Estrategia y Táctica (PET), diseñado por los asesores externos del DAS, con el fin de contrarrestar a los medios de comunicación, figuraban, además, Juan Lozano, Alejandro Santos Rubino, María Isabel Rueda, María Elvira Samper, Felipe López, Mauricio Vargas, Julio Sánchez Cristo, Daniel Coronell, Édgar Torres, Jorge Lesmes, Édgar Téllez y María Jimena Duzán, entre otros. Todos ellos eran “monitoreados” por el Gobierno. Lo mismo sucedía con el embajador de los Estados Unidos, Myles Frechette, considerado el jefe de los “conspis”. Monseñor Pedro Rubiano y Fernando Botero Zea y su familia también estaban bajo la lupa del Gobierno. Hasta el mismísimo comandante de las Fuerzas Militares, general Hárold Bedoya, era “monitoreado” por el Ejecutivo para saber cómo se comportaba con respecto a la crisis política, originada por el proceso 8.000. A la postre, Samper terminó su mandato y los periodistas conspiradores siguieron con sus actividades. Hoy muchos de ellos son grandes amigos del ex presidente. Paradojas de la vida.