El proyecto del fiscal Eduardo Montealegre, que crea la doble instancia a congresistas, ministros, gobernadores y en general a los aforados constitucionales en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pasó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
La iniciativa contempla que los congresistas que tienen investigaciones penales en la Corte Suprema de Justicia tengan doble instancia dentro de la misma Sala de Casación, es decir, que esta sede de recurso cuente con dos salas y seis magistrados más que harán investigación e instrucción, y los restantes 9 dirimirán el caso.
El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Jaime Buenahora, indicó que «consagra un principio fundamental que es el de la doble instancia en materia penal porque es trascendental y tiene que ver con los derechos fundamentales de estas personas».
A su turno, Rodrigo Lara, coordinador ponente del proyecto de la Fiscalía, manifestó que «se presentó una proposición que buscaba incluir en el texto la posibilidad de interpretar fallos, es decir, entregarle a la Corte Suprema de Justicia facultades que, por ejemplo, hoy tiene la Corte Constitucional. Eso sería que pudiera prácticamente legislar. Para eso esta el poder Legislativo».
Los aforados constitucionales que se beneficiarían con este proyecto de ley son los ministros del despacho, el Procurador General, el Defensor del Pueblo; los agentes del Ministerio Público ante la Corte Suprema, el Consejo de Estado y ante los tribunales; los directores de los departamentos administrativos, el Contralor General de la República, los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, los gobernadores, los magistrados de tribunales, y los generales y almirantes de la fuerza pública.
La votación de la propuesta en la Comisión Primera de Cámara de Representantes fue de 30 a favor y uno en contra.
El único voto en contra fue el del congresista del Centro Democrático, Samuel Hoyos, quien aseguró que la Fiscalía quiere retrasar procesos que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia, como los del ‘proceso 8.000’.
Los opositores dicen que esta modificación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema beneficiaría a investigados en ese caso.