Luego de una intensa discusión, el pleno de la corporación aprobó en segundo de ocho debates el proyecto que delinea algunos aspectos de la justicia penal militar.
De acuerdo con la iniciativa, los tribunales castrenses no conocerían delitos de “miembros de la Fuerza Pública” relacionados con “crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado”.
Esto quiere decir que, por ejemplo, los llamados ‘falsos positivos’ sería juzgados por la jurisdicción ordinaria y no por la militar.
El proyecto también tiene un parágrafo que da un año para que la Fiscalía, en coordinación con los tribunales castrenses, revise “todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública» y traslade «a la justicia penal militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria”.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU ha llamado la atención sobre algunos apartes de este y otros proyectos sobre el fuero militar y ha solicitado eliminar puntos del proyecto.
Por solicitud de algunos congresistas, Todd Howland, representante de la Oficina de la ONU en Colombia, intervino en la sesión para sustentar una carta que les envió el organismo multilateral a los senadores haciendo sus observaciones.
El senador de ‘la U’ Carlos Soto pidió no escuchar a Howland y dijo que ya había pasado la etapa de las audiencias públicas, las cuales eran el escenario para ello.
Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, anunció el apoyo de su partido a la petición de Soto.
José David Name, presidente del Senado, sometió a votación escuchar o no al representante de la ONU y al final se decidió oír sus argumentos.
Luego de su intervención, el senador del Polo Iván Cepeda lamentó que por poco se le negara el uso de la palabra y pidió “respeto” por organismos multilaterales como Naciones Unidas.
EL TIEMPO