Persercusión internacional contra juez que denuncio al chavismo

La Fiscalía venezolana solicitó a Interpol que emita una «alerta roja» para lograr la captura internacional de Eladio Aponte, el magistrado destituido por supuestos nexos con el narcotráfico. Lo hizo luego de que el ex miembro del Tribunal Supremo de Justicia revelara la manipulación judicial y la corrupción del régimen chavista.

«El Ministerio Público solicitó a la Policía Internacional (Interpol) incorporar en su base de datos el alerta roja contra el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte«, informó un comunicado de la Fiscalía.

El texto, que explica que un tribunal nacional emitió el miércoles la orden de aprehensión contra Aponte, no precisa por cuáles delitos es requerido el ex juez, que fue destituido el pasado 20 de marzo por la Asamblea Nacional ante acusaciones de que había suministrado credenciales a Walid Makled, un presunto narcotraficante descrito por los Estados Unidos como «un capo de los capos de la droga».

Aponte reconoció, el miércoles, en una entrevista, el daño que causó al sistema judicial de su país al admitir favores a funcionarios del gobierno de Hugo Chávezvinculados con la droga y la guerrilla.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia no aclaró si había firmado la credencial de Makled, a quien sí aceptó conocer. Pero, además, explicó que había salido de Venezuela para reflexionar sobre su situación en un país donde «no existe la independencia de poderes» y donde recibió «órdenes desde la Presidencia para abajo» para «favorecer y manipular casos».

Ante las acusaciones del ex magistrado, funcionarios chavistas tildaron a Aponte de «prófugo de la Justicia» y «hombre absolutamente desprestigiado».

El canciller Nicolás Maduro dijo que Aponte «vendió su alma a la DEA», al viajar esta semana de Costa Rica a los Estados Unidos junto a personal de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), a la que podría estar dando información.

Este viernes, el vicepresidente Elías Jaua increpó directamente a Washington al preguntarse «si el gobierno de Estados Unidos va a proteger a todos los bandidos a quienes el Estado venezolano inicie un proceso judicial». A la vez que exigió «respeto para las instituciones» venezolanas.

Por su parte, la Fiscalía también informó que el tribunal venezolano encargado del caso de Aponte «acordó la medida de enajenar y gravar (sus) bienes, y el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias del ex funcionario».

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