Con esta decisión, el actual Instituto de Estudios de la Procuraduría se transforma en una universidad que ofrecerá programas de formación para servidores públicos en pregrado y posgrado. Cabe mencionar que este proyecto avanzó con inusual rapidez en el Congreso: fue radicado el 5 de agosto y en poco más de dos meses completó los cuatro debates necesarios. Aunque en las últimas sesiones algunos congresistas se retiraron del recinto para impedir el cuórum, la iniciativa logró ser aprobada.
En su etapa inicial, la universidad tendrá un presupuesto cercano a los $50.000 millones. Se financiará con recursos del presupuesto general de la nación (estimados en unos $20.000 millones anuales) y con el 2,5% de los ingresos de la Procuraduría, que suman alrededor de $30.000 millones más.
Durante la discusión legislativa surgieron dudas sobre su viabilidad de esta iniciativa, recordando experiencias anteriores como la Universidad de la Fiscalía, que no logró operar. También se señaló que la nueva institución deberá garantizar autonomía universitaria, pese a su dependencia inicial de un órgano de control.