La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración empresarial entre Tigo y Movistar, según la resolución 94169 del 13 de noviembre de 2025, una decisión que se tomó tras analizar la solicitud presentada por ambas compañías para unir sus operaciones bajo un modelo de control conjunto.
La autorización fue otorgada con exigencias técnicas y legales porque la fusión reconfigura el mercado colombiano, donde la operación se realiza para evitar riesgos de concentración y para garantizar que el servicio continúe prestándose en condiciones de competencia en todo el país.
La decisión de la autoridad se dio luego de evaluar el proceso que inició el 20 de diciembre de 2024 con la petición formal presentada por Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo), filial de UNE, y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar). Como parte del trámite, empresas como Claro, Directv, ETB y Wom enviaron observaciones dentro del procedimiento reglamentario.
La SIC concluyó que la unión solo podía avanzar si las compañías cumplían reglas estrictas establecidas en la Ley 1340 de 2009, norma que define lineamientos para la protección de la competencia. El fallo también ordenó publicar la versión pública de la resolución y notificar a entidades como la Agencia Nacional del Espectro, el MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Según la decisión, Claro, Movistar y Tigo concentrarán alrededor del 90% del mercado de telecomunicaciones, lo que genera una estructura de tres grandes operadores dominando el sector móvil y fijo del país.
Exigencias impuestas para mitigar riesgos
Entre las condiciones principales, la SIC ordenó a los socios devolver segmentos del espectro radioeléctrico bajo supervisión del MinTIC, entidad encargada de verificar los requisitos técnicos asociados al uso de esa franja.
Otra obligación relevante consiste en que la nueva operación deberá ofrecer precios más bajos por megabyte a otros operadores como Wom, Virgin o ETB cuando estos empleen la infraestructura de antenas y redes. El objetivo es garantizar que los competidores más pequeños tengan acceso en condiciones favorables que eviten prácticas restrictivas.
La autoridad también advirtió que cualquier incumplimiento de los condicionamientos podría derivar en sanciones contempladas en la Ley 1340, incluyendo la posibilidad de revertir la integración si se demuestra afectación a la competencia o incumplimiento de los compromisos adquiridos.
Preocupaciones sobre concentración y efectos en tarifas
El MinTIC había advertido previamente que la unión entre ambas compañías podría configurar un duopolio junto a Claro, un escenario que elevaría la concentración del mercado móvil por encima del 90%. Esta advertencia fue parte del análisis que acompañó la decisión final.
Expertos del sector consultados por W Radio señalaron que una reducción en el número de grandes operadores podría disminuir la presión para reducir tarifas. Según un analista citado en el proceso, las empresas “podrían ajustar estrategias comerciales sin urgencias por bajar precios”, lo que obliga a reforzar mecanismos de vigilancia.
La CRC también había indicado meses atrás que la consolidación entre Tigo y Movistar tendría capacidad para impactar los precios y el bienestar de los consumidores, por lo que el seguimiento técnico será determinante en los próximos meses.
Cambios esperados tras la aprobación
Con la autorización de la SIC, el Gobierno deberá avanzar en la venta de su participación en Movistar, una operación estimada en 250 millones de dólares. Además, se prevén movimientos internos de infraestructura y activos desde Movistar hacia Tigo (UNE), como parte del proceso de transición.
La SIC confirmó que mantendrá una vigilancia constante durante la etapa de implementación y verificará cada avance para garantizar que el mercado continúe funcionando en condiciones de competencia.