CRC se pronuncia tras decisión de la SIC sobre integración Tigo-UNE y Movistar

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Tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de autorizar la integración empresarial de Tigo, Une y Movistar, sujeta a condicionamientos, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) intensifica su labor regulatoria y de seguimiento para asegurar que el proceso se desarrolle en un entorno competitivo que promueva la inversión, la innovación y el bienestar de los usuarios en todo el país.

La CRC informa a la opinión pública que, de acuerdo con lo definido por la SIC, respecto de la operación de integración empresarial entre Tigo, Une y Movistar, los condicionamientos impuestos para autorizar la integración tendrán vigencia hasta tanto la CRC expida regulación general o particular relacionada con los aspectos objeto de dichas condiciones.

La Comisión considera importante señalar que ha advertido que el mercado mayorista de acceso y originación móvil ya presenta altos niveles de concentración, con riesgos de restricción para terceros operadores que utilizan Roaming Automático Nacional para la prestación de sus servicios y para los Operadores Móviles Virtuales (OMV). Por lo tanto, la integración entre TIGO-UNE y MOVISTAR podría tener consecuencias importantes en el mercado minorista de servicios móviles, como lo es el aumento en la probabilidad de que se generen efectos coordinados como consecuencia del aumento en la concentración, o un potencial incremento en los precios que pagan los usuarios por dichos servicios.

Asimismo, respecto de los efectos potenciales en los mercados de internet fijo residencial en algunas de las principales ciudades del país, la operación autorizada podría consolidar la posición del operador integrado y reducir o en algunos casos eliminar por completo la presión competitiva.

En esa medida, y en cumplimiento de sus funciones legales, la CRC adelanta los análisis regulatorios necesarios para preservar y fortalecer las condiciones de competencia, calidad y protección de los usuarios en los mercados de comunicaciones.

Para cumplir con este propósito, a la fecha, conforme a lo definido en la Agenda Regulatoria 2025-2026 y lo proyectado en el borrador de la Agenda 2026-2027la CRC avanza de forma prioritaria en tres proyectos regulatorios, atendiendo además los riesgos identificados:

Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles: Este proyecto busca garantizar condiciones técnicas y económicas no discriminatorias para los OMV, así como revisar las reglas aplicables al acceso a la instalación esencial de RAN, en respuesta a los riesgos de cierre de mercado y discriminación en el acceso. La propuesta regulatoria será publicada durante el cuatro trimestre de 2025.

Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios: iniciativa orientada a reforzar los derechos de los consumidores en especial el de libre elección frente a prácticas nocivas que podrían agudizarse como consecuencia del aumento de la concentración en los mercados como consecuencia de la integración, como la obstaculización de la terminación de contratos o el desarrollo de prácticas comerciales que pueden afectar la comparabilidad y la transparencia de la información sobre las características de los servicios para el usuario. La propuesta regulatoria será publicada durante el cuatro trimestre de 2025.

Marco regulatorio para el servicio de conectividad local: Este proyecto busca fortalecer la competencia en la provisión de infraestructura de fibra óptica local, permitiendo que el acceso a dicha infraestructura, que es esencial para la prestación de servicios minoristas fijos, se adelante en condiciones equitativas. Con ello se pretende evitar que los niveles de concentración que resulten de la operación de integración limiten la expansión de nuevos operadores o la ampliación de cobertura tanto en ciudades como en pequeños municipios del territorio nacional. La propuesta regulatoria será publicada durante el primer trimestre de 2026.

La CRC reafirma su compromiso con la transparencia regulatoria, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los usuarios, pilares fundamentales para el desarrollo eficiente y sostenible del ecosistema de comunicaciones.

 

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