Bogotá.- Lo que inició como un operativo para frenar construcciones ilegales en el sector de Cañaveral ha escalado hasta convertirse en una crisis de seguridad nacional que hoy mantiene las puertas del Parque Nacional Natural Tayrona cerradas por tiempo indefinido.
La Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia emitió hoy la Resolución 091, ordenando el cese total de actividades ecoturísticas y el ingreso de visitantes. La medida no responde a un cronograma de conservación, sino a una «vulneración de derechos humanos» y un riesgo inminente para la vida de los guardaparques.
Una cronología de hostigamientos
El deterioro del orden público se aceleró el pasado 11 de febrero, tras una intervención para inhabilitar infraestructuras ilegales levantadas por particulares. Desde ese momento, la jefe del área protegida ha sido blanco de amenazas directas difundidas en redes sociales.
La situación alcanzó un punto crítico el 16 de febrero, cuando grupos de personas iniciaron bloqueos en los sectores de El Zaino, Calabazo y Neguanje. Según el reporte oficial, se realizaron cobros no autorizados a turistas y se obligó al personal de Parques a abandonar las instalaciones bajo intimidaciones, incluyendo la exigencia de despojarse de sus uniformes.
El fantasma del control territorial
El documento oficial cita una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo (AT-020-2025), que advierte sobre el control social y territorial ejercido por grupos armados como las ACSN y el autodenominado EGC en la región. Estos actores estarían afectando directamente la gobernanza de las autoridades ambientales y poniendo en riesgo la integridad de quienes custodian el patrimonio natural.
Además del factor seguridad, las fuertes precipitaciones recientes han dañado la infraestructura en el sector de Cañaveral, un riesgo que, según la entidad, está siendo ignorado por quienes fuerzan el ingreso irregular al parque.
Medidas inmediatas
La resolución, firmada por el Director General Luis Olmedo Martínez Zamora, establece que:
- Cierre total: Se prohíbe el ingreso de turistas y prestadores de servicios hasta que un concepto técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo avale el regreso de la seguridad.
- Suspensión de ventas: Se ha ordenado detener la preventa de boletería para evitar mayores traumatismos financieros a los viajeros.
- Intervención institucional: Se convoca al Ministerio del Interior, la Fuerza Pública y las alcaldías locales para recuperar el control del área.