Bogotá, 02 de Octubre ¬_RAM_.-. El expresidente Álvaro Uribe Vélez le salió al paso a las acusaciones proferidas este miércoles por el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, quien señaló que el exmandatario destinó recursos públicos durante su administración a un distrito de riego en Córdoba para beneficio propio y de haber acumulado baldíos adjudicados a campesinos.
Tras las acusaciones, Uribe calificó los señalamientos como las “respuesta al desespero de un temerario” y dejó en claro que no tiene “tierras en el Distrito de Riego de Mocarí”, pero reconoció: “sí tengo (tierras) en el Distrito de Drenaje”.
El expresidente dijo que la familia Uribe “somos de los pocos que hemos pagado las tasas de mantenimiento, no obstante que en varias ocasiones hemos sufrido inundaciones por falta de atención del Estado”.
Sobre la asociación Nuestra Agropecuaria, Uribe dijo que esta “es una empresa privada respetable que cumple una función social y nada hay que ocultar”, y puntualizó, “por eso ni mi familia ni yo tenemos testaferros”.
Las declaraciones del exjefe de Estado se dan luego de que Cepeda denunciara que entre 2007 y 2009, el entonces presidente Álvaro Uribe tomó varias decisiones relacionadas con el manejo de los Distritos de Adecuación de Tierras o de Riego, que terminaron beneficiando 59 predios suyos y de su familia (1.469 hectáreas), ya que se otorgó un presupuesto mayor al distrito de riego Mocarí, del cual se benefician, con respecto a los dineros asignados a los demás distritos en otras regiones del país.
Los 59 terrenos están a nombre de la familia Uribe Moreno y de la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. (cuyos socios son Lina Moreno, Jerónimo y Tomás Uribe), y las zonas de influencia del Distrito de Riego en las que se encuentran ubicados recibieron alrededor de 1.410 millones de pesos para su adecuación. Se ubican en los municipios de San Carlos, Montería, Cereté y Ciénaga de Oro.
Mediante el Decreto 732 de 2008, el Gobierno se atribuye la facultad de escoger los proyectos de adecuación de tierras, con el criterio de que fueran terrenos activos en materia agropecuaria, con el fin de fomentar la generación de ingresos a las familias dueñas de los terrenos.