Secretario de Gobierno dice que a MinVivienda «le falta pelo pa’ moña»

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, le dijo al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que «le falta pelo pa’ moña» y afirmó que el funcionario va por un lado, mientras que su jefe, el presidente Juan Manuel Santos, va por otro.

En esos términos, Jaramillo le respondió al ministro Henao frente al concepto emitido por el Consejo de Estado, que conoció en primicia RCN La Radio, sobre la decisión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de establecer por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital del país.

«Sentimos que mientras hablamos una cosa con el Presidente, con el ministro de Vivienda se habla otro lenguaje diferente. Sería muy importante que el presidente Santos nos dijera si es que podemos ponernos de acuerdo con él o es que el ministro está actuando de forma independiente», señaló el Secretario de Gobierno del Distrito.

Señaló que «el Ministro de Vivienda representa a los grandes propietarios, a los grandes constructores y nosotros los intereses de toda la comunidad, y muy especialmente a la que necesita espacio y que no necesita que las utilidades sean transferidas al gran propietario».

Sostuvo que «nosotros no tenemos por qué pagarles acueducto, los parques. Los grandes propietarios no construyen vías. No dejan espacio público para que los jóvenes puedan disfrutar en el deporte y nosotros tenemos que construirles absolutamente todo con los impuestos que paga la gente. Eso no es justo»

Dijo que «yo creo que al Ministro, con todo respeto y lo estimo, todavía le falta mucho peso (…) Es un ministro light. Le falta pelo pa’ moña».

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, afirmó esta mañana en RCN La Radio que incorporará el concepto del Consejo de Estado sobre la expedición del POT de Bogotá por decreto, a la demanda del Gobierno Nacional contra el alcalde Petro.

Henao dijo que tras conocerse el documento del Consejo de Estado sobre el POT su cartera se reafirma en la intención de demandar el proyecto de la Alcaldía de Bogotá porque con su ejecución se podría aumentar el precio de la vivienda.

El documento del alto tribunal indica que si el Concejo de Bogotá no aprobó en diferentes sesiones el proyecto de acuerdo de revisión o modificación del POT de la ciudad, «el alcalde no puede adoptar el proyecto por decreto, pues se estaría saltando las funciones legales del cabildo distrital.

«Yo mismo he estado al frente de redactar la demanda contra el POT. Incorporaremos este documento expedido por el Consejo de Estado al proceso», señaló el ministro Henao.

Añadió que «desde hace algún tiempo detectamos tres elementos de fondo, el primero es que el alcalde se da facultades que no tiene; segundo, le quita funciones a la CAR y se las da a la autoridad ambiental de Bogotá, lo que es preocupante, y el tercero es que se podría encarecer el precio de la vivienda».

Según Henao, si el plan de la Alcaldía se lleva a cabo, en el centro de la capital el precio de la vivienda se elevaría un 15 % y en zonas no aledañas a este lugar se hablaría de un aumento del 40%. Puntualizó que se tienen que respetar las decisiones que tomen los entes constitucionales.

Camacol, el gremio de los constructores, también se refirió al concepto del alto tribunal y le exigió al alcalde Petro que derogue esa medida para no afectar aún más el sector.

Martha Moreno, presidenta de Camacol Bogotá, solicitó a Petro que retire esa modificación pues vulneró la ley y la Constitución, y porque como gremio de constructores necesita garantías legales para construir y ejecutar proyectos dentro de un POT que sea claro.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió el concepto ante la solicitud de revisión solicitada sobre tres puntos clave del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

La Sala de Consulta explica que «es claro por consiguiente que si el Concejo, en comisión o en plenaria, decide no aprobar el proyecto de acuerdo de una revisión o modificación del POT, el Alcalde no puede adoptar el proyecto por decreto, pues estaría contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo».

El actual Plan de Ordenamiento Territorial de la capital colombiana, adoptado mediante decreto en el año 2000, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

El documento del alto tribunal indica además que los POT deben ser revisados por los Concejos municipales o distritales cada 12 años.

Fuente RCN radio

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